OPINIÓN: Los profesores deben respetar el estado de Derecho
Nota del editor: Juan Carlos Romero Hicks, legislador del Partido Acción Nacional (PAN), es presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, exdirector general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( CONACyT ) de diciembre 2006 a marzo del 2011, exgobernador de Guanajuato durante el periodo 2000-2006, y exrector de la Universidad de Guanajuato de 1991 a 1999. Puedes seguirlo en su cuenta de Twitter: @JCRomeroHicks
(CNNMéxico) — La reforma constitucional en materia de educación, impulsada desde el Pacto por México con el consenso de las fuerzas políticas, como seguimiento a los avances que se dieron en materia educativa en los pasados 12 años, avanza, no se detiene.
En las semanas recientes hemos observado las movilizaciones de algunas agrupaciones de profesores de los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, pronunciando su rechazo a la aplicación de la reforma constitucional en materia educativa en sus entidades. Incluso en el caso de Guerrero, las autoridades estatales actuaron proponiendo una reforma que se aplique únicamente en ese estado.
En principio, consideramos estas protestas como el resultado de la inercia que el movimiento magisterial de estas entidades ha mantenido en las últimas tres décadas, marcadas por controversias internas. Es decir, parecen una reacción por desinformación acerca del propósito y continuidad de la reforma y los conflictos por asuntos sindicales internos.
Sin duda, son manifestaciones fuertes y pretenden la renegociación de la reforma constitucional mediante la aplicación de algunas exclusiones a la misma.
En definitiva, esa no es la vía.
La reforma constitucional, no se agota con el cambio del texto de la Carta Magna, sino que ahora deberá ser diseñada la Ley del Sistema Nacional de Evaluación, la Ley del Servicio Profesional Docente y las modificaciones correspondientes a la Ley General de Educación, para atender los artículos transitorios de la mencionada reforma.
La autoridad no puede admitir el incumplimiento de las actividades laborales de los profesores, toda vez que afecta los objetivos del ciclo escolar. Los maestros deberán reconocer que la suspensión unilateral de sus obligaciones lesionan a los alumnos.
El movimiento magisterial, tanto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), deberán ser escuchados y reconocer que el objetivo preponderante es una educación de calidad para todos los educandos y que los derechos laborales serán atendidos por los canales respectivos, en caso contrario, perderemos todos y estaremos viviendo en una infeliz anarquía.
Las leyes secundarias, en el ámbito federal y las leyes locales, deberán respetar la letra y el espíritu de la Constitución.
El Senado de la República escuchará a todas las voces, secretarios de educación de los Estados, especialistas, padres de familia, sociedad civil, autoridades federales, profesores y las dirigencias magisteriales.
La reforma educativa por construir, deberá tener como eje principal una educación de calidad y el compromiso de todos los actores, así como generar un círculo virtuoso para el magisterio desde la formación inicial, ingreso, promoción, permanencia y jubilación dignos.
No puede haber una fuerza mayor que nuestra Constitución. La libertad termina cuando los derechos de otros se ven afectados y por ello queremos un estado de derecho, 'no de chueco'.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Juan Carlos Romero Hicks.