OPINIÓN: El PND, sin metas específicas ni indicadores para ser evaluado

Nota del editor: Héctor Villarreal es doctor en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se dedica a la consultoría, la docencia y el periodismo. Síguelo en su cuenta de Twitter: @VillarrealH

(CNNMéxico) — Llama la atención que lo primero que se puede ver al revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el retrato del presidente Enrique Peña Nieto , ese que algunos críticos repudiaron por su costo —376 mil pesos— y por tener la mano izquierda empuñada. Esto puede hacer creer que se trata más del plan del presidente que del Gobierno de la República. La distinción no me parece insignificante porque pone énfasis en el responsable de la institución, más que en la institución.

Si bien el priismo ha presumido en hacer honor al nombre de su partido, en cuanto a la institucionalidad —Partido Revolucionario Institucional (PRI)—, lo cual creo que es cierto, en los hechos también se ha caracterizado por el culto a la personalidad del presidente, que es un signo contrario a la modernidad política.

Creo que se diferencía poco respecto a los presentados por sus antecesores en cuanto a su forma y fondo. Si le quitáramos las fechas a éste y a los tres previos, solo podría reconocerse a qué administración pertenecen por las coyunturas históricas que señalan en su contexto. Todos quieren hacer de México un país mejor, con más seguridad y justica, que haya más y mejor educación, más crecimiento y desarrollo económico, etcétera.

Esto se debe en buena medida a que los planes nacionales de desarrollo se ajustan a lo que manda la Ley de Planeación Federal, que data de 1983 , reformada en tres ocasiones, la cual puntualiza las características y la orientación que este documento debe cumplir. También los congresos de los estados han venido promulgando leyes análogas a ésta, de tal modo que las alternancias partidarias en los gobiernos locales replican el mismo fenómeno. Es decir, la administración pública ha venido modernizándose conforme a criterios de racionalidad y reglas formales instituidas, las cuales acotan la discrecionalidad de los funcionarios públicos y tienden a aplanar las diferencias partidarias.

Lo que se ha anunciado como característica distintiva de este plan respecto a los anteriores es que incluye un capítulo con los indicadores que permitirán darle seguimiento a las acciones del gobierno en el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, considero que existe una falacia en el planteamiento y en lo que nos presenta. Conforme a una reforma que se hizo el año pasado a la ley mencionada, se obligó a que se incluyera en el texto del plan cuáles son sus metas, y lo que ahora nos presenta como éstas en realidad son objetivos generales.

Por ejemplo: "Un México en paz", es la primera 'meta nacional' de cinco que se pretenden, y especifica dos indicadores con los cuales se podrá evaluar la gestión respecto a esta en particular: Índice de Estado de Derecho y Tasa de Victimización (número de víctimas de la delincuencia por cada 100,000 habitantes), y nos dice los datos de la serie histórica de estos indicadores.

Las metas, para serlo en realidad, tendrían que ser formuladas de la siguiente manera: al final del sexenio, el Estado de derecho se habrá fortalecido hasta llegar a tal punto, y el número de delitos habrá disminuido hasta equis cantidad.

¿Distinción semántica irrelevante entre objetivo y meta? Puede ser. O estrategia para cumplir con el mandato de la ley, y un acierto político al presentar un documento superior a los anteriores, como signo de un mejor gobierno. Es cierto que los planes anteriores no incluían indicadores, pero es que las metas se habían venido puntualizando en los planes sectoriales que del nacional se derivan, como son los de educación, salud, medio ambiente, etcétera.

Me parece que si este plan reduce el universo de su seguimiento y evaluación a un total de apenas diez indicadores (dos por 'meta nacional'), por congruencia, bien nos pudo haber presentado las cifras que en cada uno pretende alcanzar, aunque los planes sectoriales habrán de dar cuenta de ello, aunque me parece que permanecerán en suspenso hasta entonces para la opinión pública.

Creo que no es mucho pedir, y más si tomamos en cuenta que hubo más de cuatro meses de periodo de transición entre la actual administración y la previa, así como al hecho de que los titulares de las entidades y dependencias de la administración pública llevan casi seis meses en el ejercicio de sus funciones.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Héctor Villarreal.