OPINIÓN: Peña es un buen político, pero su legitimidad se acorta día a día

Nota del editor: Héctor Villarreal es doctor en ciencias políticas y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se dedica a la consultoría, la docencia y el periodismo. Síguelo en su cuenta de Twitter:  @VillarrealH

(CNNMéxico) — Si la estrategia de comunicación social del Gobierno federal, en lugar de cumplir con el deber de informar y rendir cuentas, se dedica a la motivación de la ciudadanía para echarle ganas en forma de sí se puede y apelando al orgullo nacionalista, para mí es un indicador de que la cosa no va bien.

El Primer Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto —que deberá ser entregado el domingo al Congreso— tiene muchas buenas noticias y pocos datos positivos. Él ha sido un buen político, pero eso no basta todavía para poder considerarlo un buen presidente con base en resultados.

En el pasado reciente, el relato que acompañó a los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), de 2000 a 2012, fue el de la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales que le permitieran al país despegar hacia el desarrollo y el bienestar generalizado, pero que la falta de mayoría en el Congreso para su aprobación constituía un obstáculo que lo impedía.

Aun así, el alza en los precios del petróleo y un buen manejo de la política económica permitieron un crecimiento moderado, aunque insatisfactorio, respecto a las expectativas de que la democracia debería implicar una importante mejoría en las condiciones de vida.

En contraste a esa constante frustración propia de los gobiernos divididos (minoría del partido del presidente en el Congreso), la primer acción del presidente Peña permitió superar ese marasmo por medio de la construcción de un gran acuerdo político, el Pacto por México, que le permitió construir no solo mayoría sino casi el consenso en la aprobación de reformas muy importantes: educativa, laboral, de telecomunicaciones y se vislumbra a corto plazo la energética.

Haber logrado esto en un lapso de nueve meses es muy plausible, puesto que sigue la ruta crítica que se ha dado por supuesto como la correcta para el país en lo que va del siglo: modernizarnos, volvernos competitivos y constituirnos en un destino atractivo para las inversiones extranjeras. Sin embargo, la aprobación de estas reformas sigue sin rendir resultados en la oferta de campaña presidencial: el compromiso de que haya una mejoría en la economía familiar.

Si el crecimiento de la economía del país en el mejor de los casos será este año de 1.8% según el pronóstico de la Secretaría de Hacienda o, o de 1.2% según Banamex, esto nos manifiesta que el país no presenta mejoría, sino que se halla en una situación menos favorable que el año pasado para la creación de empleo y la mejoría en los ingresos de la mayoría. Se precariza en lo laboral y en el ingreso de los hogares. Los programas asistencialistas como el de la Cruzada contra el Hambre constituyen paliativos focalizados, pero si no se generan condiciones de bienestar, esa población atendida continuará sin perspectivas de progreso.

La seguridad tiene resultados ambivalentes y polémicos. Por una parte la Secretaría de Gobernación da cuenta de una reducción de los homicidios relacionados con delitos federales, pero los conteos que realizan investigadores y organizaciones de la sociedad civil aseguran que la cantidad de ejecuciones mes a mes no se ha reducido. Se anuncia oficialmente la detención de varios delincuentes de alto perfil gracias a trabajo de inteligencia, pero en Michoacán y otras entidades se descompone la gobernabilidad con la presencia de paramilitares —o grupos de autodefensa— en distintas denominaciones y al margen de la legalidad. 

Estos nueve meses han sido un periodo de planeación y organización en las políticas públicas en materia de seguridad. Lo mejor que se informa es la presentación de 10 estrategias y la meta de que será hasta el próximo julio cuando entrará en funciones la Gendarmería, con la expectativa de que ésta será la institución eje para las acciones que por fin reduzcan la violencia.

La integración del gabinete y su manejo ha mostrado buenas decisiones y, sobre todo, orden; pero considero que secretarías como las de Trabajo y de Economía parece que nos quedan a deber en su gestión. Inclusive la de Hacienda. De la poca información que se ha adelantado respecto al informe se menciona un gasto en infraestructura que "será de 310 mil millones de pesos", pero no se nos dice cuánto se ha ejercido hasta el momento o si será hacia el último trimestre del año cuando se ejercerá, dato que debe considerarse en el contexto de recesión, para saber si el gasto público ha sido utilizado para estimular el crecimiento económico y fomentar el empleo, o si ha habido omisión al respecto.

La política tiene límites. No alcanza para darnos bienestar. El supuesto es que los efectos positivos de las reformas serán a mediano y largo plazo; pero el gobierno no está siendo eficaz ni eficiente para el corto plazo. Así, el bono de legitimidad del presidente con el Pacto por México se reduce día a día.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Héctor Villarreal.