¿Hacia dónde va la reforma energética?

Una cosa es cierta: México ya no será igual después de esta reforma. La historia confirmará que será preciso hablar de México como fue antes y como será después de la reforma energética de 2013. 

Por esa razón, el cambio de modelo industrial no debe ser preocupación de un grupo de "expertos" ni de "aficionados" de este tan poderoso sector. Los resultados de este viraje constitucional se sentirán por todos, de mayor o menor grado, en función de su nivel de dependencia en los energéticos.  

Así, solo los que no tienen luz, ni usan gas, ni se transportan, ni consumen objetos en el comercio estarán al margen de sus efectos. Y lo que se debe esperar de esta reforma es que, con el tiempo, haya cada vez menos personas al margen, hasta que desaparezcan. La expansión de la industria energética de cualquier país debe llegar al mayor número de personas.

Que esto vaya a ocurrir depende de muchas condiciones, de entre las cuales México cumple con unas, mientras que otras tendrán que ser satisfechas. En este breve espacio se analizará, punto por punto, cuáles de ellas van en buen camino y dónde habrá que enderezarlo.

¿El modelo es el correcto?

El referente del modelo  plasmado en los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales es adecuado y refleja el ambiente internacional de la industria petrolera y eléctrica.  Ya se puede llevar a cabo la exploración y extracción de los hidrocarburos mediante las formas de contratación más utilizadas en el mundo, sin que los contratos necesariamente tengan que ser celebrados con Pemex.

Desde ahora, la petrolera mexicana será un contratista, o un licenciatario, entre otros más. Como en otras partes, Petróleos Mexicanos tendrá que ser sociable y a la vez competitivo con sus pares. Será eso o será enviado a la banca, con las implicaciones -que pueden ser graves-  que ello conlleve para el país y para la propia compañía.

¿La formulación del modelo en la Constitución es adecuada?

Los artículos 25, 27 y 28 desde siempre han tenido una redacción farragosa y, por las razones que sean, así se mantuvo. La reforma pudo haber sido aprovechada como la oportunidad para limar las asperezas del articulado, pero no se hizo así.

Si bien el modelo es adecuado, su formulación concreta en el texto de la Constitución no es del todo clara. En algunos casos, se dejan términos abiertos para abrirle campo a las leyes secundarias. Eso no es necesariamente malo, siempre y cuando las leyes secundarias digan lo necesario, ni más ni menos, para establecer las reglas del juego. El ejemplo más sobresaliente es que, según el texto del artículo 28 Constitucional, la exploración y extracción del petróleo se mantienen como áreas estratégicas, y por lo tanto, exclusivas del Estado.

Sin embargo, se pretende que los contratos que se celebrarán con las empresas les confieran derechos exclusivos de exploración y producción , en la inteligencia de que un porcentaje de la producción será suya, dependiendo de lo que se pacte.

¿Cómo, entonces, se mantiene el monopolio del Estado? Esta redacción abre la puerta para que los inconformes con la apertura causen molestias, de mayor y menor trascendencia, tanto al Estado como a las empresas.

¿Tenemos las condiciones institucionales para que la apertura nos sirva?

A menos de que ofrezcamos condiciones muy poco comerciales, lo cual es al menos dudoso, habrá inversión, y tal vez mucha. Sin embargo, una cosa es la inversión y otra cosa, muy distinta, es aquella que se refleja en una mayor distribución del ingreso.

Venezuela, por ejemplo, tuvo una apertura muy exitosa en la que los Contratos de Servicios Operativos atrajeron mucha inversión e hicieron de la industria petrolera venezolana una de las más modernas y dinámicas. Empero, no se llegó a establecer una relación proporcional entre el crecimiento de la industria con el mejoramiento de las condiciones de vida de las decenas de millones de venezolanos pobres.

Asimismo, ni los problemas sociales de Colombia ni de Brasil han sido remediados por la afluencia en sus sectores petroleros. Claro está que es mejor tener petróleo que importarlo, pero no hay que esperar que un boom petrolero, detonado por la  inversión privada, sea la cura a nuestros males.  

¿Para qué hablar de Venezuela, Colombia o Brasil? Aquí ya nos sucedió. En los años setenta, cuando se descubrió el campo ultragigante de Cantarell, ¿quién podría decir los beneficios de este recurso público llegó a los que menos tienen? Tal vez nadie.

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No hemos sido buenos administradores de nuestros recursos naturales y la reforma energética se centra en abrir puertas a la inversión privada, más no en corregir las insuficiencias de la rectoría del Estado. Eso no quiere decir que el tema esté ausente de la reforma Constitucional, pero la redacción sobre los aspectos institucionales es etérea.

Por ejemplo, se habla del Fondo Mexicano del Petróleo, cuya eficacia podrá ser ponderada, primero, a la luz de sus reglas de operación que ahora desconocemos. También se hace referencia a la transformación de Pemex y CFE en empresas productivas del Estado, pero no hay pistas sobre la fisonomía de esta nueva figura.

Algo hay sobre los reguladores y su nueva autonomía, pero tampoco se divisa un esquema de gestión robusto y creativo.  Y parece que la Secretaría de Energía (Sener) será la que lleve la batuta de todo el control de la industria petrolera cuando es una de las Secretarías que ha sobresalido por estar encabezada por funcionarios que no saben nada de la industria. Hoy, con excepciones, es igual.

¿Hubo esfuerzos de inclusión de la sociedad civil

Ninguno. La reforma energética se cocinó lejos, ya no digamos de la sociedad civil, sino de los expertos no cercanos al primer círculo político. Fuera de las invitaciones a los foros de debate, no se hizo ni el mínimo esfuerzo para que esta reforma fuera socialmente incluyente.

Las discusiones entre quienes se dedican a este sector eran especulativas y nadie supo gran cosa hasta que se presentó el proyecto de reforma constitucional al Senado, el cual, para la sorpresa de muchos, no tardó ni una sola semana en ser aprobado por ambas cámaras y la mayoría de los congresos estatales.

Esto, que a la política podría convenir, en la práctica podría ser inconveniente. Bien dice Joseph Stiglitz que un contrato petrolero requiere de la fuerza del acuerdo social para sobrevivir sanamente por su larga vida, de 40 o hasta 50 años. Esta reforma se generó en el silencio y en el silencio está creciendo.

La falta de reacción social es desconcertante, si bien conviene a quienes la han promovido, podría hablar mal de nosotros como ciudadanos. ¿Nos cambian el país en una semana y no hay nada qué decir?  Es posible que un día este silencio se rompa por lo más delgado y que, una reforma con gran potencial, se malogre por haber sido concebida en un vientre autoritario.

*La autora es doctora en Letras Hispánicas Lusobrasileñas por la Universidad de Nueva York y profesora/investigadora y titular de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).