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OPINIÓN: La reforma pendiente de Peña Nieto es (todavía) la fiscal

Una nueva modificación hacendaria permitiría aprovechar las posibles ventajas económicas de las reformas ya aprobadas en este gobierno
jue 18 septiembre 2014 01:00 PM

Nota del editor: Vidal Romero es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Stanford. Actualmente es jefe del Departamento de Ciencia Política del ITAM. Síguelo en su cuenta de Twitter:  @vidalromero_

(CNNMéxico) — Uno de los efectos más importantes de las reformas ya aprobadas es que crean mejores condiciones para la inversión privada en México. Esto debiera incrementar la recaudación del Estado mexicano gracias a la mayor actividad económica que eventualmente se presentará.

Usualmente —y el gobierno convenientemente alimenta esta creencia— asociamos mayor recaudación con algo positivo para el país. Sí y no. Dadas las condiciones de pobreza de buena parte de la población, la mala calidad de los servicios públicos y la insuficiente infraestructura, es relativamente obvio que el gobierno necesita más recursos para atender estos rezagos.

Pero el tener carencias no implica que recursos adicionales se utilizarán para atender dichos problemas. Darle dinero a un ludópata endeudado no implica que utilizará el dinero para pagar sus deudas. Es poco probable que un alcohólico con problemas de salud que se gana la lotería deje de tomar y adquiera hábitos saludables.

En el caso de México, nuestro sistema fiscal simplemente no está construido para darle incentivos a los gobernantes para que gasten “bien”.

LEER: Deuda, el costo oculto de las reformas

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Sin cambios sustanciales a nuestras reglas fiscales, el dinero adicional se dedicará a aumentar la influencia del Estado en nuestras vidas o a gastarlo de forma ineficiente en términos de desarrollo, extrayendo recursos que serían mejor invertidos por los particulares. Por ejemplo, aumentando el presupuesto para órganos reguladores como el INE que interviene masivamente en la actividad electoral, o subsidiando regresivamente productos como la gasolina.

El tema obviamente no es fácil de solucionar. Han existido intentos de reformar nuestras instituciones fiscales al menos desde el gobierno de Díaz Ordaz. Hoy, casi 50 años después, las reglas fiscales no han mejorado sustantivamente. Acumulamos una cantidad gigantesca de cambios marginales racionales para grupos en lo particular, pero incoherentes en términos de eficiencia para el agregado. Los cambios realizados por el PRI y el PRD en 2013 a la iniciativa del presidente Peña Nieto no modifican en lo sustancial la estructura fiscal ni los incentivos de los gobernantes para gastar.

El que no se haya logrado la reforma fiscal después de tantos intentos nos indica que las preferencias de los actores relevantes no están alineadas en el tema y que los pagos para los potenciales perdedores son tan caros que exceden cualquier potencial beneficio de una reforma fiscal.

Pero los incentivos están cambiando en el margen para lograr cambios positivos en materia fiscal. Pensemos, por ejemplo, en uno de los principales cambios que es alinear quién recauda y quién gasta, es decir, en mejorar la conexión fiscal.

En México, a diferencia de la gran mayoría de países, el gobierno nacional recauda la gran mayoría de recursos y el gasto se ha descentralizado crecientemente. Esto genera incentivos perversos para que los gobiernos subnacionales no miren a los electores al momento de decidir el gasto, ya que no deben molestarlos con impuestos. La preocupación de los gobernadores y alcaldes está en convencer a funcionarios federales de que les redistribuyan más recursos.

Esta situación pudiera mejorar por dos razones ligadas al nuevo contexto democrático en el país. Primero, la introducción de la reelección consecutiva para diputados y alcaldes. Esto debiera generar incentivos para pensar más en los votantes. Segundo, el que el PRI controle la Presidencia de la República, debiera inducir a PAN y PRD a exigir mayor control sobre el uso de recursos en las entidades y municipios que gobiernan; el que el gobierno federal controle la recaudación, implica también discreción sobre el uso de esos recursos públicos.

Así, a diferencia de otros temas —como el energético y o el de telecomunicaciones—en lo fiscal hay que ser más pacientes. Pero la espera es costosa. 

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Vidal Romero.

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