OPINIÓN: El derecho al olvido ¿en México?

Nota del editor: María Elena Meneses es profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey. Puedes seguirla en su cuenta de Twitter: @marmenes

(CNNMéxico) —Internet tiene una memoria imborrable, basta teclear el nombre de una persona para acceder a su presente y pasado. En cada uno de nuestros trayectos virtuales dejamos un rastro que escapa a nuestro control, por esta razón, uno de los temas complejos alrededor de internet es el llamado derecho al olvido que consiste en exigir a los buscadores, redes y otros servicios en la red el borrado de estos trayectos cuando lastiman la privacidad, el honor o la reputación.

Este derecho se debate desde hace varios años en Europa. En 2014 el Tribunal de Justicia reconoció el derecho de sus ciudadanos a pedir la eliminación de vínculos —que podemos entender como aquellos anclajes que hacen posible el libre flujo de la información en la red—. Ni a un año de la resolución europea, hace unos días en México el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) inició un procedimiento para sancionar a Google México por no atender la solicitud de un empresario que se inconformó por el  tratamiento de sus datos personales en el servicio de motor de búsqueda.

El ciudadano, un empresario transportista que según información publicada en algunos medios habría donado aulas móviles a la fundación de la esposa del expresidente Vicente Fox, pretendía que su información fuera borrada del buscador. La empresa no atendió la petición bajo la justificación de que es Google Inc., ubicada en Estados Unidos, la encargada del motor de búsqueda, por lo que Google México no era responsable de dar seguimiento.

El IFAI en un claro revés a la empresa determinó que “Google México, S. de R.L. de C.V. es una empresa legalmente constituida en México y en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares es responsable del tratamiento de datos personales”. El IFAI tiene razón cuando señala que se trata de un  “hecho sin precedentes” en nuestro país, sin embargo hay poco que celebrar porque la medida merece un análisis más acucioso de las implicaciones que tiene borrar los trayectos digitales sin antes mirar por el interés público cuando hoy más que nunca hay claras sospechas de una relación perversa empresarios-gobernantes y funcionarios que erosionan la ética pública en México.

El punto controversial alrededor del derecho al olvido es si en países con bajos niveles de desempeño en transparencia y elevados niveles de corrupción, el olvido digital acabará protegiendo a políticos, empresarios o ciudadanos envueltos en actos de corrupción y conflicto de interés. Resolver el borrado sin antes ponderar las implicaciones en la vida pública puede afectar el derecho a la información y convertirse en un acto de censura.

De acuerdo con el informe de transparencia de Google, desde el 29 de mayo de 2014 y luego de la resolución del Tribunal Europeo, se le ha pedido el retiro de 767 mil 804 URL, de las cuales ha resuelto retirar 212 mil 102. Para realizar la solicitud ha puesto en línea un cuestionario y para la decisión sobre qué retirar la empresa anunció que integró un comité para la revisión de casos que pudieran afectar el derecho a saber. En este comité se encuentran algunos personajes emblemáticos de Internet como Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia.

A Google lo ha caracterizado una postura extrema que poco favorece a la discusión y a las medidas conciliadoras, sobre todo luego de las develaciones de Edward Snowden que afectaron a las empresas digitales por su supuesta colaboración en la red de espionaje. Cada vez los usuarios están más conscientes de que el cuidado de los datos personales no es el fuerte de estas empresas, sino parte fundamental de su engranaje económico y geopolítico.

Tan es errado decir que la vida social hoy es transparente y que hay que atenerse a las consecuencias, como resolver el borrado sin antes mirar por las implicaciones de lo que bien puede ser una información útil para la sociedad. No toda la información puede ni debe ser borrada porque internet también tiene un importante valor para la transparencia y la rendición de cuentas.

Además de afectar el libre flujo de contenidos, el derecho al olvido tiene pocos efectos prácticos para quien solicita el borrado, porque si bien el buscador puede retirar la información incómoda, ¿qué sucede cuando ésta ha sido subida por terceros o se ha viralizado a otros sitios del complejo ecosistema digital?

El derecho al olvido envuelve una problemática de envergadura. Aplicarlo sin mirar las afectaciones al derecho a saber es grave. Lo que los mexicanos demandan luego de la tragedia de Ayotzinapa, Guerrero, y los supuestos conflictos de interés en la adquisición de lujosas casas, así como en las licitaciones fallidas es justamente su derecho a no olvidar.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a María Elena Meneses.