Somos testigos de una contracción importante en el sector inmobiliario y esta tiene mucho que ver con la incertidumbre que hoy tiene frenado al mercado de la vivienda. Particularmente en la zona metropolitana de la CDMX el sector se detuvo por casi nueve meses y se habla de más de 200 mil empleos perdidos porque la Jefa de Gobierno paró un número bastante representativo de las obras que se estaban ejecutando.
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En mi opinión, la corrupción inmobiliaria no se ataca cerrando obras porque con tal medida afectas a miles de personas que trabajan en ellas directa o indirectamente, generando así un golpe brutal para la economía local y federal.
La corrupción inmobiliaria se combate investigando, documentando, denunciando, dando seguimiento y castigando; nunca frenando el proceso de generación de riqueza que perjudicó a “justos por pecadores” sin encontrar actos de corrupción trascendentales al final del día.
Hay que entender que de cada ocho pesos que se invierten en México, prácticamente siete vienen de la iniciativa privada.
Lo que los gobiernos deben hacer por vocación es generar las condiciones adecuadas para incentivar la inversión dando a los inversionistas la certidumbre que implica la operación dentro del Estado de Derecho