Y la incertidumbre tiene que ver con la dificultad que existe para lograr un punto medio entre la ideología del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y factores económicos que requieren de medidas urgentes. La ideología se impone y las consecuencias han tenido un costo muy alto, y podrían costar más. Por lo tanto, si se piensa que el plan oficial está escrito sobre piedra entonces la economía no tendrá vigor durante un largo rato.
Las reuniones ocurren en los siguientes términos:
Las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores reconocen que México está en un grave problema económico y por ello sus funcionarios saben que la realidad es más poderosa que cualquier ideología y que el gobierno no es el generador de la riqueza; están inquietos, preocupados por la crisis en las finanzas públicas y por la falta de certidumbre para los inversionistas. Saben que la recuperación tardará y que su poder de decisión está muy acotado.
Las conversaciones con este grupo giran, por ejemplo, en torno de los incentivos que requieren las empresas, sobre todo manufactureras, para disponer de energía limpia y barata; también se ha hablado de realizar un profundo análisis sobre la proveeduría que México no está generando ahora pero que podría realizar para aprovechar las cadenas de suministro en el marco del T-MEC, así como la pertinencia de mejorar la relación entre la Federación con los gobiernos estatales.
El bando duro está representado por las secretarías de Energía, Agricultura, Salud. Diversos son los temas que generan discordia pero hay uno que últimamente genera mucha inquietud y es el profundo rezago que la Cofepris está registrando en cuanto al otorgamiento de permisos; incluso, se acusa que la Cofepris es responsable de retrasar la reactivación económica ante su negativa a entregar permisos para las industrias química, farmacéutica, de alimentos, entre otras.
En medio de estos posicionamientos están las carteras de Trabajo y de Seguridad Pública. A la primera se le reconoce su intención para trabajar con la IP para mejorar las condiciones de trabajo como lo plasma el T-MEC; mientras que con la de Seguridad Pública hay colaboración para evitar el bloqueo de las vías de tren, que impide el libre flujo de mercancías.
La coordinación intersecretarial es un caos. Los secretarios del ala blanda no lo confesarán abiertamente, pero en sus reuniones con empresarios reconocen que tienen diferencias con algunos de sus pares y, si acaso, se ofrecen para compartir las necesidades del sector privado, pero hasta ahí. Claro, también saben que su jefe no hará nada que lo haga parecer neoliberal.
