Durante décadas nuestro país ha sufrido una terrible descomposición social, tenemos cada vez más familias donde la desunión y la violencia son una constante, comunidades donde la violencia se ha normalizado, incluso series donde la apología del delito ha convertido a los narcotraficantes en los nuevos héroes de nuestra niñez y juventud.
A todo esto, hay que sumarle los índices de pobreza, la falta de oportunidades y la desigualdad social. Por otro lado, tenemos un sistema de seguridad y justicia que ha creado una situación insostenible de impunidad, donde los delitos no son denunciados; las cárceles están llenas de pobres y en muchos casos de inocentes.
Nos han vendido que la solución a inseguridad son las cárceles, la prisión preventiva oficiosa, penas más altas y el ejército en las calles; nada podría estar más alejado de la realidad que esto. Lo que se requiere es trabajar a favor de nuestras niñas, niños y jóvenes, crear espacios seguros y de sano desarrollo. Se debe lograr que todos ellos tengan acceso a los derechos más básicos, por mencionar algunos: salud, seguridad, vivienda y educación, entre otros.
El presupuesto del gobierno federal y de los gobiernos locales debiera estar enfocado a lograr esta realidad, primero por ser su obligación constitucional y segundo porque es la forma más efectiva y eficiente de prevenir el delito. Queremos un país en paz, enseñemos a los más pequeños que significa esa palabra que muchos no conocen, queremos un país seguro, démosles oportunidades para que puedan dar lo mejor de ellos.
Mientras nuestras niñas y niños sigan siendo víctimas de violencia intrafamiliar, viviendo en espacios que no podemos llamar hogares, con padres y madres que tienen que trabajar dobles jornadas, en ambientes donde se privilegia la ley del más fuerte y mostrándoles como héroes a quienes reflejan antivalores; lo único que vamos a lograr son jóvenes con el alma rota, que sólo saben dar lo que recibieron.
