La inversión es una variable que responde a muchas causas, y su pobre desempeño en los últimos años en nuestro país, podría atribuirse a muchas razones, pero una de las principales es la baja confianza empresarial, que provoca la incertidumbre institucional en México, la cual podría empeorar si desaparecen los órganos reguladores.
Por otro lado, la iniciativa que busca modificar el marco constitucional para desaparecer a estos institutos sería violatorio de algunos tratados comerciales a los que suscribe México, entre ellos, el T-MEC, que exige que cada uno de los países signatarios se asegure que su organismo regulador en materia de telecomunicaciones sea independiente y no dependa de alguna entidad gubernamental (Cap. 18). Desaparecerlos podría desencadenar largos litigios y controversias comerciales con nuestros principales socios, desalentando aún más el flujo de inversión.
Además de los inversionistas, los otros perjudicados por la desaparición de los órganos autónomos, específicamente de los que buscan combatir la concentración en los mercados, son los usuarios finales, los consumidores, los hogares, y en especial, los de los estratos más bajos, que no tienen los medios para optar por otras alternativas.
Se ha demostrado y documentado con una innumerable cantidad de casos, que los mercados con baja competencia, y más claramente en los monopolizados, el bienestar social (medida por los precios de los productos, los costos de producirlos, y la oferta de ellos) siempre es menor que en mercados con más participantes.
Por lo anterior, el propósito de la política económica tendría que ser propiciar mercados competitivos, lo que es muy difícil de conseguir con reguladores debilitados y poco transparentes; además sin inversión y competencia otros problemas estructurales como la pobreza serán más difíciles de resolver.
Finalmente, desaparecer estos organismos sentaría un peligroso antecedente para que otros institutos también sean blanco de iniciativas de este tipo, lo que ciertamente pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica de México, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), responsable de generar información y datos oficiales, o inclusive el Banco de México, que tiene por mandato constitucional preservar el poder adquisitivo del peso.
