Yo de mayor quiero ser como Manuel Bartlett

Algo así es lo que está haciendo Bartlett. Al menos, eso es lo que le está permitiendo hacer la secretaria de Energía Rocío Nahle, quien debería ocuparse de que los hogares y las empresas tengan de electricidad y precios baratos en el largo plazo. Y a la vez, recortar el costo de un subsidio a los hogares cuyo monto de 1.4 billones de pesos en una década sería suficiente, dijo el IMCO, para instalar páneles solares en cada hogar de México.

Son objetivos que en todo el mundo se logran (en México empezábamos a verlo) con mercados eléctricos eficientes. De paso, llegan inversiones y se generan empleos. Desde que la tecnología hace obsoleto el modelo de monopolio, las empresas estatales de todo el mundo se reconvirtieron y se reconvierten –Singapur e Irlanda y China incluidos–por el método por el que crecemos todos en la vida: con mucho dolor.

No es el método de gestión bartlettiano. Ni el que le está pidiendo Nahle. CFE tiene el oído del presidente y no necesita sufrir.

La inapelable lógica

bartlettiana

Podemos ponernos en el lugar del director de CFE, pensar estratégicamente –a un horizonte de seis años– y entender.

Como cualquier político a quien le toca la rifa del tigre y jamás en su vida vio un estado de resultados, analizó los costos, revisó los ingresos, las oportunidades, se tiró de los pelos, hizo que le explicaran varias veces cómo funciona un mercado en el que nunca creyó. Años de desengaños, probablemente, lo llevaron a creer que los monopolios energéticos son una cosa estupenda, quizá porque también disfrutan de sus monopolios sindicales, invencibles ellos (cuando trabajaba para Carlos Salinas de Gortari, Bartlett peleó por la educación contra el sindicato de maestros y estuvo a un paso de cambiar este país para siempre y para bien. Perdió).

Veamos, se dijo. Tengo 100% del mercado de transmisión. 100% del mercado de distribución. 50% del mercado de generación, más 20% adicional controlado por contratos, es decir, 70%.

Ante esta situación decidió hacer lo que haríamos todos si nos dejaran: no reestructurar a la empresa, no enfocarse en los mercados sanos, no pelear algunas medidas paliativas para los golpes que cambios en la regulación contable dieron a su balance (convirtiendo los contratos de productores independencias en deuda, los contratos “leoninos”), no buscar una estrategia de capitalización orientada y apalancada en –soñemos– una salida a bolsa en unos años de una CFE reducida, competitiva y sana y con rectoría del Estado para contribuir el desarrollo de México.

Decidió sabotear el mercado y eliminar a la poca competencia existente y los pocos incentivos existentes para que México genere energías limpias y baratas. Decidió no escuchar a los estados del norte y el sur, de los afines Morena y de los de enfrente, que soñaron con que el sector eléctrico podía ser una palanca de desarrollo. Revisó los contratos de los gasoductos de CFE, y encareció su costo en 6,000 millones de dólares, según la Auditoría Superior de la Federación. Canceló las subastas de renovables. Ahogó sin gas a los proyectos de nuevas plantas que hubieran generado empleos y capacidad de generación para un potencial crecimiento del país. Desatendió los llamados desde el gobierno de Estados Unidos de que se defendiera la seguridad jurídica de los inversionistas. Ahuyentó a cuanto inversionista pensó alguna vez en poner una planta eléctrica.

El lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa preferente –se tiene que dictaminar a fuerza en este periodo de sesiones– en la que le firma a Bartlett su propuesta como cabeza de CFE: que la empresa que dirige tenga prioridad en el sistema eléctrico nacional aunque su electricidad sea más cara, más contaminante, y probablemente sea insuficiente en el mediano plazo. Todo por encima de un México competitivo. De una CFE competitiva.

El Prodesen, el programa de desarrollo del sector presentado también esta semana, no plantea de manera clara los retiros de plantas que debe hacer CFE solo por el bien de nuestra salud, la del bien ambiente y el mercado. Parece que Bartlett también se sale con la suya en esto.

¿Qué podría haber hecho el gobierno?

A diferencia del petróleo, que es un activo físico y es de la nación, la electricidad no es propiedad de nadie. La podemos generar con una dinamo en nuestra casa.

El papel del gobierno debe ser el de rector del sector, diseñar las reglas para alcanzar objetivos de desarrollo. Como la iniciativa del gobierno es un disparate económico, también desde el punto de vista del T-MEC, es insostenible en el largo plazo. Si yo fuera Bartlett, tomaría esto como una estrategia para ganar tiempo, para no enfrentarme al sindicato con una reestructura profunda, para no eliminar pérdidas y combatir el fraude, para no buscar herramientas en la reforma que permitieran levantar la empresa. Para no buscar usos más útiles a un subsidio que pagamos con nuestros impuestos para cubrir la ineficiencia de CFE. Está padre, ¿no?

Ante esta realidad y pese a esta empatía megalómana que siento con el Bartlett CEO-regulador, espero que esta iniciativa se convierta en oportunidad. Revisar la reforma de 2013 es un ejercicio necesario y bienvenido. La seguridad jurídica no implica que las leyes son sagradas: se garantiza con negociaciones transparentes en las que todas las partes ceden y ganan algo. Un objetivo complicado cuando el regulador, la Comisión Reguladora de Energía, está lesionado e inoperante; pero no perdamos la esperanza.

Por ejemplo, la iniciativa toca un tema que la reforma de hace ocho años no tocó. Es difícil defender sinceramente los contratos de autoabastecimiento creados antes de la reforma de 2013. Eso de que compro una acción de un proyecto y recibo energía de bajo costo sin participar en el mercado abierto suena demasiado bonito, y debe revisarse. Pero no pueden cancelarse sin una negociación previa (hubiera hecho bien el sector privado en anticiparse con esta propuesta, para evitar lo que ya está sobre la mesa). Tampoco es normal que CFE subsidie en algunos casos costos de transporte… especialmente cuando, a la vista está, esto se convierte en un incentivo negativo a la inversión en transmisión. (A la vista de lo cual, ¿no tendría sentido abrir de alguna manera a los inversionistas privados el mercado de transmisión? Tal vez en un futuro post neo porfirista, ya sé)

La iniciativa presidencial, disparatada como es, va a pasar en el Congreso sin dificultades, se va a atorar en tribunales, y nos va a hacer la vida imposible en paneles internacionales, mientras congela durante los próximos años las inversiones en el sector. Pondrá en riesgo el abastecimiento energético que requiere una recuperación sostenible para remontar la mayor crisis económica desde 1932.

El sector privado debe ser flexible e impulsar en la negociación con el gobierno una salida que nos entregue un sector eléctrico mejor: eficiente, con un mercado integrado, pero atento a las vocaciones regionales (algo que no sucedió en 2013). La voz de los estados se vuelve clave para entender los beneficios y limitaciones de la reforma energética. Todo sea para contrarrestar un golpe en la mesa ciego y ni siquiera ideológico: puramente táctico.

Es demasiado costoso dirigir la CFE e ignorar todo esto, cumplir las metas de darle vuelta a la compañía por encima de cualquier objetivo de país. Si uno es realmente un nacionalista sincero, y podemos pensar que un político de la trayectoria de Bartlett pertenece a ese lado del espectro, no hay manera de defender la iniciativa presidencial.

Pensándolo bien, no está tan padre.

Nota del editor: Alberto Bello es Editor en jefe de Grupo Expansión. Síguelo en Twitter . Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión