Sin embargo, la gestión de los sistemas de transporte requiere de una estructura fundamentada desde el marco jurídico. Y justamente este punto es su ‘primera debilidad’ y el origen de las problemáticas de una correcta planeación.
A nivel nacional, tan solo 15 estados cuentan con Leyes de Movilidad Urbana, siendo Jalisco en 2013 y la Ciudad de México en 2014 los primeros en publicarlas (CÉNTRICO, 2020). El resto de las entidades del país disponen de leyes menos específicas en materia de transporte, enfocadas principalmente a regular elementos de tránsito, seguridad vial y peatonal.
Asimismo, al menos 25 ciudades cuentan con instrumentos de planificación en la materia, tales como los Planes Integrales de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) (WRI, 2020), los cuales tienen por objetivo desarrollar estrategias para la integración de diversos sistemas de transporte bajo un enfoque sostenible y funcional en el entorno urbano.
El desarrollo de estos mecanismos de planeación estratégica se encuentra fundamentado principalmente en leyes locales, que dentro de sus disposiciones establecen la obligación de su conformación. Esta acción permite generar una permanencia de la gestión eficiente de la movilidad urbana, ya que no depende de las agendas de gobierno y sus propósitos primarios para cada administración.
Asimismo, permite vincular y alinear sus objetivos con otros instrumentos tales como los Planes Estatales y Municipales de Desarrollo, diseñados bajo una perspectiva de mediano y largo plazo.
La necesidad en la conformación de estos mecanismos radica en las múltiples problemáticas derivadas del sector de transporte en general, en donde el congestionamiento vehicular y la contaminación atmosférica se han convertido en los principales retos que las ciudades deben afrontar. Este hecho destaca la necesidad de estrategias y la importancia en la implementación de instrumentos de planeación que busquen mejorar de forma eficiente la gestión de los sistemas de transporte en las zonas urbanas.
A nivel subnacional existen esfuerzos importantes en la implementación de proyectos derivados de planes estratégicos de movilidad urbana, tal es el caso de la Zona Metropolitana de La Laguna. Dicha región conformada por los municipios de Matamoros y Torreón del Estado de Coahuila y por Gómez Palacio y Lerdo del Estado de Durango, ocupa el décimo lugar dentro de las zonas más habitadas en México.
Entre 2000 y 2010 la población creció en un 20% de forma extensiva hacia las zonas periféricas derivando en problemas de movilidad y altos costos en traslados para la población. Por lo anterior, el uso del automóvil incrementó exponencialmente. En 2018 de los más de 2.6 millones de viajes realizados en la zona, tan solo el 30% eran por medio del transporte público.
