A pesar de describir su gobierno como humanista, López Obrador ha puesto en marcha políticas públicas y estrategias de seguridad en la frontera sur de México que no sólo frenan la migración, sino que atentan en contra de su integridad y sus derechos humanos.
Quizá nuestro mandatario nunca haya hecho patente en su discurso edificar una barrera como la de Trump. No obstante, en los hechos, el gobierno de México instrumentó un muro humano en nuestra frontera sur que tiende más a la agresión que a la contención.
La crisis migratoria de nuestro país ha alcanzado nuevos récords en 2021. Por un lado, los factores de empuje se han multiplicado con la pandemia, la crisis económica y el alza en la inseguridad en la región.
Respecto de Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, en un afán de contrastar la visión anti-inmigrante de su antecesor, anunció una serie de promesas que parecerían favorecer la migración, como ciudadanía para 11 millones de inmigrantes irregulares o una mayor laxitud en las solicitudes de asilo. No debe sorprender que las cifras de detenciones en la frontera entre México y EE.UU. hayan alcanzado un máximo histórico en julio de este año (213,000).
Ante esta bomba de tiempo, México ha recibido presión de Washington, tanto del gobierno de Trump como el de Biden, para frenar los flujos provenientes de Centroamérica, los cuales han superado en tasas a la emigración mexicana desde hace años.
Por ello, la parte mexicana que inició su mandato con la bandera de una visión humanitaria hacia la migración, desde junio de 2019 ha desplegado tropas a lo largo de la frontera sur. En efecto, los números de centroamericanos que lograban la travesía hacia el norte bajaron drásticamente al inicio; a un costo quizá más alto que el económico.
En este contexto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, anunció esta semana que, en el Plan de Migración y Desarrollo en las Fronteras Sur y Norte, participan 28,000 elementos de las Fuerzas Armadas (13,000 del Ejército, 900 de SEMAR y 14 de la Guardia Nacional).
Sin menoscabo de su profesionalismo, estos elementos no están capacitados para contener la migración sin incurrir en violaciones flagrantes de los derechos humanos de las personas.
Además, la “contención” (como dice el presidente) no inhibe la migración, ni salvaguarda a los migrantes. Por un lado, los orilla a buscar rutas alternas, menos transitadas, que suelen ser más peligrosas. Por otro, los hace víctimas de los abusos por parte de las autoridades mexicanas, como se ha evidenciado en videos que circulan por redes sociales.
Aquéllos que se libran de eso, corren con la suerte de caer en los brazos del crimen organizado. La propensión a ser víctimas de trata, extorsión, secuestro, violaciones, robo y homicidio se dinamita ante los vacíos del sistema migratorio mexicano.
El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional no cuentan con mecanismos para registrar los cruces irregulares ni para dar un seguimiento formal a las rutas. En números, de enero a agosto de 2021, las autoridades migratorias estadounidenses registraron 1.3 millones de detenciones en la frontera con México. En el mismo lapso, el INM reportó haber “rescatado” 147,000 migrantes en condición irregular a lo largo de la República.
