Otro punto que vale la pena abordar en materia fiscal, es la estructura del gasto. Se le ha dado prioridad al gasto social y poco peso al gasto de inversión, salvo unas cuantas obras “insignia” y cuya rentabilidad económica y social no se ha justificado a cabalidad.
Esta configuración del gasto difícilmente puede considerarse positiva, pues no contribuye significativamente a la productividad y el crecimiento económico en los próximos años.
Estas directrices en materia fiscal se han logrado mantener pese a los relevos en la SHCP y a la crisis de 2020, por lo que no hay razones suficientes para hacernos creer que en la segunda parte del sexenio pudiera haber alguna divergencia importante.
Para pasar al siguiente tema, me gustaría antes poner en contexto la situación privilegiada en la que México hoy está posicionado en relación al potencial para atraer nuevas inversiones en los próximos años. La pandemia exhibió las vulnerabilidades de los modelos de producción “just in time”, por lo que se espera que tenga lugar un importante reacomodo geográfico de la industria mundial, buscando acercar los eslabones de la cadena de producción a los centros de consumo.
En el caso de Norteamérica, esto quiere decir que algunos proveedores de la industria que hoy están ubicados en regiones remotas, como Asia, buscarán relocalizarse en México, buscando además cumplir con las nuevas reglas de origen del T-MEC (condiciones para que un bien se pueda comercializar sin aranceles en la región).
Ahora, para que el país pueda aprovechar todo ese potencial que menciono arriba, es necesario que existan condiciones de confianza, seguridad y respeto a la propiedad privada. Desafortunadamente, la cancelación de proyectos, como el del NAIM, el desconocimiento de contratos y el creciente intervencionismo del Estado en sectores clave, como el energético, han ido erosionando la confianza en el país, aunado al problema de seguridad física y procuración de justicia, que sigue siendo un problema mayor.
