Parafraseando un tuit que leí en relación a la compra de Twitter por parte del hombre más rico del mundo, cuando uno de los usuarios aseguraba que Musk no tiene idea de cómo manejar una red social, otro usuario atinadamente le respondió, “no sería la primera vez que Elon Musk se meta a un negocio en el que no tiene idea” y en el que probablemente también sea exitoso, diría yo.
En un análisis que realizamos en Metrics sobre la conversación relacionada con la noticia de la adquisición, encontramos que casi una tercera parte de los usuarios está de acuerdo con las políticas eliminación de bots y autenticación de perfiles que propone Musk y solo un 6% está en contra de la idea de que Twitter use indebidamente su información personal.
Aunque la mayor controversia se ha dado en relación con la supuesta libertad de expresión que quiere ofrecer Elon Musk dentro de la plataforma. Pero vamos por partes, porque todas esas mejoras que promete realizar el magnate, incluso algunas de ellas las ha puesto a votación entre sus seguidores -como el hecho de que exista la posibilidad de editar tuits-, tienen implicaciones legales que tendrá que atender.
Twitter, Facebook y ahora TikTok han aprendido, de la forma más difícil, que la libertad puede llevar al libertinaje y al consecuente abuso de sus plataformas. Por eso, por mucho que Elon Musk tenga intenciones libertarias, existen límites legales y culturales que no podrá rebasar. Porque seamos honestos, Twitter comenzó siendo un espacio sin censura, hasta que alguien pensó que podía lanzar amenazas sin ningún tipo de consecuencia.
Twitter es una empresa pública y una vez que la compra se concrete, lo primero que sucederá es que la red social regresará a ser una empresa privada, como lo fue hasta el 2013. En términos de las aspiraciones de Musk, esto representa que no tendrá que lidiar con las reglas de las empresas públicas, pero ese no es el mayor de sus problemas.
“A la mala”, las redes sociales fueron aprendiendo a poner límites y a lidiar con los problemas que esos límites les imponen. Cuestiones como su modelo de negocio, principalmente basado en publicidad; el sesgo algorítmico, las reglas convivencia, la difusión de noticias falsas, el uso de datos personales; su papel en la comisión de delitos y en la organización de grupos delictivos o terroristas; la intervención en los proceso democráticos y acciones monopólicas, entre otras.
Los países, sobre todo los de la Unión Europea, le han dejado claro a las redes sociales que “no se mandan solas” y que impondrán todo el peso de la ley para evitar que abusen de su poder, afectando los intereses de sus ciudadanos, instituciones y procesos democráticos.
