Por eso el título de esta columna recuerda la frase del discurso inaugural de John F. Kennedy: “nunca negociemos desde el miedo, pero nunca tengamos miedo a negociar”.
El pasado 20 de julio, la oficina de la Representante Comercial de EU solicitó iniciar el proceso de Consultas con México, bajo el amparo del T-MEC. La razón de esto es la implementación en el sector energético mexicano de diversas medidas a partir de diciembre 2018 que, se argumenta, favorecen a empresas paraestatales (Pemex, CFE) y perjudican a empresas y productos estadounidenses.
Concretamente se está acusando a México de incumplir los siguientes artículos del T-MEC: 2.3 y 14.4, que buscan garantizar el trato nacional a bienes e inversionistas de las otras partes; 2.11, sobre las restricciones al comercio exterior; 22.5.2 y 29.3, que abordan la imparcialidad con la que se deben de conducir los reguladores y los procesos administrativos. Posteriormente, a estos reclamos, se sumó Canadá.
¿Qué es el periodo de consultas? Es el primer paso dentro del mecanismo de resolución de disputas que ofrece el T-MEC, estipulado en el Capítulo 31. Las Consultas deberán iniciar, a más tardar, 30 días (15 días en caso de bienes perecederos) tras entregarse la solicitud. En este paso, se alienta a las partes a intercambiar toda la información necesaria para evaluar si se ha infringido el Tratado y a llegar un acuerdo.
Si no se alcanzara un acuerdo en 75 días (30 días en caso de perecederos) después de la solicitud de las consultas, se podrá solicitar la formación de un panel, el cual estará compuesto por cinco expertos nacionales de ambas partes. Este panel emitirá un reporte, en el cual se dictaminará si la parte acusada efectivamente incumplió sus obligaciones. Después de ello, los socios podrán acordar retirar las medidas que contravienen al tratado y/o una remediación o compensación.
De no ponerse de acuerdo en esto último a los 45 días del reporte del panel, la parte quejosa estará facultada para suspender beneficios a la parte acusada dentro del sector en disputa, es decir, implementar restricciones o aranceles a las importaciones. En caso de que la parte quejosa considera que no es viable suspender los beneficios en el mismo sector, podrá ir sobre otros.
Justamente, me parece que esto último sería el peor escenario para México. Primero, implicaría que el Gobierno mexicano no tiene intención alguna de recalibrar estas políticas que generan incertidumbre e ineficiencias, no solo en el sector energético, sino que en toda la economía.
Segundo, se abriría la puerta para que Canadá y EU apliquen aranceles a las exportaciones mexicanas, lo que se traduciría en un duro golpe para industrias tan importantes para el país, como la automotriz.
Por otro lado, considero que el simple hecho de que haya activado el mecanismo de resolución de disputas es un recordatorio de que el T-MEC es una red de seguridad ante decisiones adversas para el crecimiento económico, tomadas en el ámbito interno.
