Por lo anterior es que en México debemos celebrar el nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No solo porque es la primera mujer en la historia de México en ocupar tan alto cargo, lo cual en sí ya es digno de fanfarrias, sino porque es una jurista experimentada forjada en los tribunales y que, analizando sus votaciones entre el 2019 y el 2022, promete una importantísima independencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, como lo impone expresamente el Artículo 49 de la Constitución Política Mexicana.
Ahora bien, también en diversos artículos hemos señalado reiteradamente el valor del Estado de Derecho como elemento de decisión de los inversionistas al momento de elegir dónde colocar sus capitales. No es secreto que desde el 2019 México perdió varios escalones en el índice de Estado de Derecho publicado por la organización World Justice Project (WJP), ocupando en el 2022 el lugar 113 de 139 naciones. Nada que celebrar en ese aspecto.
La elección del presidente de la Suprema Corte es una alentadora noticia no solo para el sistema jurídico mexicano sino también para sectores muy concretos, como el eléctrico en lo particular y el energético en lo general. Con esperanza renovada, pero cauta, prevemos que se dará certeza a las inversiones en dichas industrias, pues el bien común de la industria debe preservarse. Por cierto, recientemente se ha dicho por ahí que el bien común -concepto de análisis de mi tesis doctoral, cabe mencionar- "tiene una definición y una aplicación concreta en México". No, esto no es verdad.
Punto a favor de mi hipótesis, pues el bien común no tiene una definición concreta para México y mucho menos puede ni debe estar al arbitrio de persona alguna. Eso se llama dogmatismo y es justamente ese abuso del término bien común lo que alimenta el que los actos en contravención de la Constitución sean auto-promulgados unilateralmente como actos "fundados y motivados".
