Brasil aprueba reforma a ley de suelos, entre reclamos de ecologistas
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó una reforma a la ley de uso de suelo que, según grupos ambientalistas, privilegia la actividad agropecuaria sobre las áreas forestales protegidas.
El documento será remitido a la presidenta Dilma Rousseff, quien decidirá entre aprobar o vetar total o parcialmente esta reforma al Código Forestal.
Hace casi dos años, durante la campaña electoral que la llevó al poder, la mandataria dijo que vetaría algunos de los aspectos más polémicos de la legislación.
La organización ecologista Greenpeace, que comentó el debate en la cámara baja en su cuenta de Twitter, pidió "hacer un coro en favor de los bosques" y sumarse al rechazo a la nueva ley.
Uno de los puntos discutidos, que ya fue aprobado este miércoles, contempla una amplia amnistía para los hacendados que, durante las últimas décadas y en contra de las leyes actuales, deforestaron en zonas prohibidas y mantienen ahí su actividad agropecuaria.
A través de una campaña llamada Veta Dilma, Greenpeace y otras organizaciones ecologistas han protestado, en especial contra ese perdón.
Según los activistas, el mayor impacto de este nuevo conjunto de leyes se sentirá en la región del Amazonas, que se calcula que ya ha sido degradada en un 50%.
Entre los aspectos del proyecto que preocupan a los ecologistas está una reducción de las áreas de selva protegidas en propiedades privadas de la región amazónica, que hasta ahora eran equivalentes al 80% y con las nuevas normas pasarán a sólo la mitad.
Según los autores de la propuesta, ese punto pretende solamente reconocer y legalizar una "realidad existente" y "ya consolidada", aunque los grupos ecologistas sostienen que en realidad se pretende expandir los cultivos en áreas hasta ahora protegidas.
El diputado Luiz Heinze, del derechista Partido Progresista (PP), usó la tribuna para defender la propuesta y consideró la votación como "un momento histórico para la agricultura brasileña", un sector al que definió como el "motor del progreso de Brasil".
El proyecto contó con pleno apoyo de la llamada bancada rural, un grupo parlamentario suprapartidista que representa los intereses de los grandes terratenientes del país.
Otro artículo polémico, que por falta de acuerdos impidió que la votación se realizara este martes, como estaba previsto, se refiere a las zonas protegidas en las orillas de los ríos, que hoy suponen una franja de 30 metros a cada lado y ahora pasarán a ser de 15 metros.
"Es escandaloso desproteger las márgenes de los ríos", pues no solo se expandirán las áreas cultivables, sino que además se pondrá en riesgo el agua dulce, un recurso del que Brasil posee las mayores reservas del mundo, denunció Vania Stolze, activista de Greenpeace.
El diputado Paulo Piau, del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y relator del proyecto, destacó que la nueva ley establece como contrapartida la obligación de recuperar las áreas que sean degradadas en el futuro e incentivos económicos para los agricultores que adopten prácticas sustentables.
No obstante, para los grupos ecologistas eso no basta, pues esas "compensaciones" serán insuficientes para minimizar el impacto de una mayor actividad agropecuaria.
A mediados del año pasado, el rechazo al proyecto generó una inédita unión de los 10 ministros de Medio Ambiente que tuvo Brasil entre 1973 y 2010, quienes mandaron una carta a Rousseff para pedir que impidiera lo que calificaron de "desastre anunciado".
