La PGR tiene en la mira a Mauricio Góngora y otros excolaboradores de Borge
La Procuraduría General de República (PGR) solicitó órdenes de aprehensión en contra de otras cinco personas que colaboraron en el gobierno de Roberto Borge en Quintana Roo (2010-2016), al igual que en contra del exalcalde de Solidaridad y excandidato del PRI a la gubernatura del estado, Mauricio Góngora Escalante.
El diario El Financiero publicó este martes que la PGR busca que un juez otorgue órdenes contra Góngora, así como contra el exsecretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina; el extitular de Infraestructura y Transporte, Fernando Escamilla; el exsecretario de Gobierno, Gabriel Mendicutti; el extitular de Seguridad Pública, Bibiano Villa Castillo, y el exsubsecretario de Infraestructura, Juan Pedro Mercader.
Fuentes del gobierno de Quintana Roo cercanas a las investigaciones confirmaron a Expansión que existe solicitud de orden de aprehensión contra Góngora, Mendicutti y Guillermo Molina, pero no pudieron corroborar las peticiones relativas a los demás exfuncionarios. En tanto, se consultó a la propia PGR sobre el tema, pero la dependencia no ha confirmado la información.
Hasta el momento son dos los excolaboladores de Borge los que han sido vinculados a proceso: Mauricio Rodríguez Marrufo , exsecretario de Desarrollo Urbano y quien se encuentra en prisión preventiva, y Paulina García Achach , exsubsecretaria de la misma dependencia y quien enfrenta su proceso en libertad.
Este martes, el fiscal general de Quintana Roo, Miguel Angel Pech Cen, señaló que por parte de su dependencia hay seis personas que enfrentan acusaciones penales.
"Es este momento tenemos a seis personas, uno incluso con un amparo, a quien ya se le culminó su amparo y el fin de semana se presentó voluntariamente al juzgado, y ya el juez pidió la ampliación de las 144 horas que por ley de corresponden, y estamos en espera para ver si el juez va o no a judicializar con prisión preventiva justificada o no. Nosotros seguiremos con eses sentido", dijo a medios en la Cámara de Diputados, aunque omitió los nombres de los imputados.
El exgobernador Borge se encuentra detenido en Panamá en espera de un proceso de extradición a México , a fin de que enfrente las acusaciones de la PGR por presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Los señalamientos al excandidato
Góngora enfrenta varias acusaciones, por las que presuntamente es investigado tanto por la fiscalía estatal como por la PGR.
En junio, el diario Reforma reveló que, en 2016, Borge desvió 201 millones de pesos para beneficiar la campaña de Góngora por la gubernatura, misma que perdió ante el hoy gobernador, Carlos Joaquín González, postulado por una alianza PAN-PRD.
Las transferencias presuntamente se hicieron a través de Eliezer Villanueva Lanz, exsubsecretario técnico hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y quien es investigado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Hace una semana, la actual presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres, también interpuso una denuncia ante la PGR en contra de Góngora, exalcalde de este municipio, por el presunto desvío de 150 millones de pesos de fondos federales.
En entrevista con medios locales, la alcaldesa explicó que no han encontrado aplicación ni comprobación de 47 millones de pesos de esos recursos, y señaló que existen otras denuncias en la fiscalía estatal en contra de varios exfuncionarios municipales.
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El operador financiero
Guillermo Molina, quien estuvo al frente de la Sefiplan, es señalado de ser el responsable de varias irregularidades en el manejo los recursos del estado y, desde el año pasado, enfrenta denuncias ante la PGR y la fiscalía estatal.
El gobierno actual ha detectado irregularidades en manejos con los que está vinculado, como es el caso de pagos realizados a la empresa aérea Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV —cuyo director fue detenido a principios de julio—, y de desvíos de recursos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedaru).
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El 16 de febrero de 2016, el senador panista Daniel Ávila denunció a Guillermo Molina ante la PGR, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otras dependencias federales, por presunto tráfico de influencias, desvío de recursos públicos y lavado de dinero por la compra irregular de predios en Yucatán.
La asociación civil Somos Tus Ojos presentó una petición de juicio político en su contra, por presuntamente desviar 1,464 millones de pesos del impuesto al hospedaje. Dicha solicitud se desahoga en el Congreso local.
