Corte limitará localización de celulares
La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó su decisión sobre la llamada Ley de Geolocalización, pues quiere aportar un marco para limitar su uso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), en medio de un intenso debate donde los ministros aceptaron que la norma puede dañar la privacidad de una persona, pero que se justifica ante la necesidad de los ministerios públicos de ubicar con rapidez un aparato involucrado, por ejemplo, en un secuestro.
La ministra ponente del proyecto, Margarita Luna Ramos, propuso realizar adecuaciones a su iniciativa para obligar a la autoridad que detalle en su solicitud para localizar un equipo los motivos por lo cual la requiere, así como que se use sólo en casos de urgencia.
El ministro presidente del máximo tribunal, Juan Silva Meza, concordó con pronunciar una interpretación conforme a la ley dentro del aval del proyecto, con lo que se podrá limitar el uso de esta herramienta por parte de los ministerios públicos, que les permite rastrear un aparato relacionado a un crimen grave sin la necesidad de la autorización de un juez.
"Convengo con el proyecto, pero también convengo con aquellos que han propuesto una interpretación conforme", dijo el ministro en la sesión del Pleno de la Corte este martes.
La mayoría de los ministros se convinieron en que la geolocalización no conlleva la violación del derecho a la privacidad ni de otro derecho humano, y sólo puede verse como una "molestia" para el individuo, por lo que consideraron constitucional el uso de esta herramienta por parte de la PGR.
El proyecto de la ministra Margarita Luna Ramos niega el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), e interpreta que la medida sólo se avoca a localizar celulares y no personas.
Pero la mayoría de los ministros, tanto los que pretenden votar a favor y como los que perfilan una votación en contra, coincidieron en que no es posible disociar el aparato del individuo, por lo que se separaron de esta consideración.
Los miembros del Pleno de la SCJN también coincidieron en que la geolocalización resulta una herramienta importante para las investigaciones en delitos de secuestro, extorsión y relacionados al narcotráfico, por lo que se debe facilitar su uso.
"La geolocalización se debe hacer en tiempo real para ser efectiva, y eso lo hace una medida proporcional y eficaz", expresó el ministro Alberto Pérez Dayán.
La reforma de los artículos 133 del Código Federal de Procedimientos Penales, 16, fracción I, apartado d); y 40 Bis de la ley Federal de Telecomunicaciones permitirán que los ministerios públicos, a través de una solicitud escrita o vía electrónica, exijan a los operadores de telefonía móvil que ofrezcan la ubicación de un equipo celular involucrado en un delito grave como secuestro o tráfico de drogas.
Pero las autoridades requerirán de la orden de un juez para intervenir las llamadas, catear el lugar donde se encuentre el aparato, o detener a la persona que lo tenga; con lo cual se pueden evitar arbitrariedades, según expresaron los ministros a favor del proyecto.
El ministro José Ramón Cossío mantuvo su posición en contra de la ley, al entender que se pone en riesgo el derecho a la privacidad de la información del individuo, y que la ley sí protege por ejemplo la información de una carta de correspondencia.
"La norma es inconstitucional por no tener todos los elementos para salvaguardar el derecho a la privacidad", dijo Cossío en su intervención este martes.
La Corte retomará el caso en su sesión del jueves para votar el proyecto modificado.