Telefónicas tendrán permiso para espiar

Las operadoras telefónicas en México podrían desarrollar tecnología para inhibir la utilización de equipos de telecomunicaciones con el objetivo de combatir delitos o amenazas de seguridad nacional, según detalla el artículo 190 del anteproyecto de dictamen de la ley secundaria en materia de telecomunicaciones al que tuvo acceso CNNExpansión.

Dicho artículo propone la coordinación entre las operadoras- Telcel, Telefónica, Iusacell, Nextel- y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para el desarrollo de dicha tecnología. El anteproyecto que debatirá el Senado en las próximas horas también deberá ser discutido y en su caso aprobado por la Cámara baja.

“Realizar bajo la coordinación del Instituto los estudios e investigaciones que tengan por objeto el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos o actualización de riesgos o amenazas a la seguridad nacional. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones podrán voluntariamente constituir una organización que tenga como fin la realización de los citados estudios e investigaciones. Los resultados que se obtengan se registrarán en un informe anual que se remitirá al Instituto, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal”, cita el artículo 190 del predictamen en la fracción XII.

El analista en telecomunicaciones del ITAM, José Carlos Méndez, afirmó que estas tecnologías sí implican que el ciudadano ceda un poco de su privacidad a cambio de seguridad.

“No sabemos cuál puede ser, pero podría ir desde que se puedan meter a tu teléfono a tu computadora, ver tu información, ver de dónde a dónde salió la información, una llamada, un mensaje corto un WhatsApp, pero sería tecnología para rastrear origen y destino de las comunicaciones”.

El experto agregó que no se tiene conocimiento exacto de qué mecanismos se podrían usar, pero sí mantendrían un control férreo de lo que hacen los ciudadanos.

De aprobarse, dicha propuesta dejaría la puerta abierta a mecanismos de espionaje de comunicaciones ciudadanas o de empresas por parte del Gobierno, lo que de acuerdo con el abogado especialista en telecomunicaciones, Joel Gómez, implicaría la vigilancia constante, aunque la preocupación reside en la interpretación de “las amenazas de seguridad nacional”, pues podría ser desde un tuit incómodo hasta una extorsión.

“Pese a que todo este cúmulo de obligaciones está ‘justificado’ bajo pretexto de que exista una investigación en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas de seguridad nacional, este término de amenaza es muy ambiguo, puede ser cualquier cosa que incomode a la autoridad competente. Además esto es mucha carga del lado del operador, es mucha responsabilidad” , dijo el abogado en entrevista.

CNNExpansión buscó a las operadoras, Telcel, Telefónica y Iusacell para conocer su postura al respecto, pero no estuvieron disponibles de manera inmediata.

Los desarrollos tecnológicos de este tipo se asemejarían a las intervenciones realizadas por la NSA (National Security Agency, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, que mantenía programas de espionaje de comunicaciones ante ciudadanos, funcionarios y empresas, todos con el argumento de la seguridad nacional.

Sin embargo, al ser revelados por Edward Snowden en 2013 , la cantidad de datos que la agencia poseía de sus ciudadanos causó descontento a nivel internacional por considerarse prácticas invasivas de la privacidad.

Méndez agregó que una opción para que los ciudadanos puedan convivir más tranquilos con un sistemas de este tipo es que se asegure un mecanismo de transparencia para el uso de estas tecnologías.

“Aunque sí terminamos perdiendo privacidad y sí podría ser una forma de censura digital por el exceso en el que podría caer un Gobierno, no es necesariamente malo. Lo que me gustaría que sucediera es meter transparencia. Si alguien espió tu telefono que sea posible saber quién y por qué lo hizo y que como ciudadano te puedas defender”, dijo. 

Voluntariamente a fuerza

En cuanto a la redacción de la fracción, Gómez aclara que aunque en el párrafo aparece la palabra “voluntariamente”, esto se refiere a la formación de una asociación de los operadores para concentrar los datos pero no es voluntario hacer los estudios o investigaciones para el desarrollo de tecnología.

“Hacerlo no es voluntario, es voluntaria la asociación, instituto o fundación. Les dan esa opción, pero no es voluntario el hecho ya que aclara que los resultados hay que presentarlos en un informe anual”, dijo el abogado.

“(...) los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones podrán voluntariamente constituir una organización que tenga como fin la realización de los citados estudios e investigaciones. Los resultados que se obtengan se registrarán en un informe anual que se remitirá al Instituto, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal", cita el texto.

Precisiones necesarias

A la par de la propuesta del texto para controlar las comunicaciones, la analista María Elena Meneses comentó en entrevista que al compararlo con el dictamen presentado por el Ejecutivo en marzo de 2014, existen precisiones necesarias que antes no existían , específicamente en el artículo 197, que proponía bloquear, inhibir o anular señales de telecomunicaciones en eventos.  

"Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes", citaba el Artículo 197, sobre obligaciones a concesionarios, en el Inciso III, del dictamen presentado por el Ejecutivo en marzo.

“Aquel artículo 197 que fue cuestionado por organizaciones civiles y académicos así como por parte de otros sectores queda matizado en los artículos 189-190 y en algunos casos se hacen precisiones necesarias como el caso de la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Se precisa que la petición de intervención de comunicaciones privadas a los concesionarios se dará mediante  un ordenamiento del Ministerio Público ( Art 190 fracción XII) la cual era una petición de las organizaciones civiles y académicas. Esta es una precisión necesaria”, dijo Meneses en un comentario enviado por correo electrónico a CNNExpansión.

Sin embargo, la analista señala que hay fracciones del artículo 190 que aún inquietan como la retención de datos personales.

“La retención de datos es contraria al respeto a la privacidad que es derecho fundamental”, dijo Meneses.

Gómez concuerda en que estas precisiones son valiosas y marcan un avance en la discusión.

“Veo tres precisiones que son valiosas. Ahora sí se menciona que debe haber una autoridad judicial que pida los datos, sería un juez. Esto sí es bueno. Menciona que las comunicaciones privadas son inviolables y refiere a la Ley de Protección de Datos Personales como respaldo ciudadano. Me parece que por lo menos estas tres precisiones son buenas”, dijo la abogada.

Habrá que esperar

Para el experto Joel Gómez si bien la redacción del artículo 190 preocupa, hay que esperar a que esta legislación se apruebe y se liberen sus respectivos reglamentos y lineamientos, en los cuales se detallarán las atribuciones y omisiones que el IFT y otras autoridades tendrán en cuanto a estos mecanismos.

“Hay que esperar a los lineamientos, es ahí donde se va a ver la aplicación real de la ley, lo cual después de tantos retrasos que ha tenido la reforma, yo creo que deberá quedar lista a finales de este año”, dijo.