Un juez ‘congela’ la caza de ilegales

La Corte bloqueó esfuerzos federales para castigar a los empresarios que contraten ilegales; la política usaría el número de Seguridad Social para cotejar datos los del empleado con oficia
Los empleadores tendrían sólo 90 días para verificar el esta  (Foto: )
Renuka Rayasam

Hace pocos días, los microempresarios estadounidenses consiguieron un respiro luego de que un juez federal bloqueara la implementación de la reciente iniciativa promovida por la administración Bush, según la cual el sistema de la Seguridad Social podría usarse para ‘cazar’ empleadores que contratan inmigrantes ilegales.

De acuerdo a la nueva política del Departamento de Seguridad Nacional denominada detección de ‘discrepancias’ (irregularidades en las Formas W-2), una vez recibida la notificación, los empleadores tendrían sólo 90 días para verificar el estatus migratorio de un empleado cuyo número de Seguridad Social no concuerde con los datos oficiales.

Cualquier empleador que ignorara las cartas de notificación podría enfrentar cargos por delito grave de prácticas ilegales de contratación, castigadas hasta con seis meses de prisión y una multa de 3,000 dólares por cada trabajador indocumentado. Para evitar la penalización, los contratantes deben comprobar el estatus de sus empleados y despedir a cualquiera que resulte ilegal.

Ante esta iniciativa, una coalición de organizaciones de extracción ideológica diversa (incluida la Federación Americana del Trabajo y de Congresos de Organizaciones Industriales, la Cámara de Comercio y otros pequeños grupos empresariales) demandaron al Departamento de Seguridad Nacional ante la corte federal en San Francisco, argumentando que la normativa ponía una enorme responsabilidad sobre los hombros de los empleadores. 

“El plazo [de 90 días] pone a los empleadores ante una difícil disyuntiva” afirma Robin Conrad, vicepresidente del Centro de Litigación de la Cámara Nacional. Muchas empresas pequeñas no cuentan con los recursos para verificar el estatus migratorio de sus empleados, por tanto “terminan despidiendo al trabajador para evitar la penalización o no hacen nada y se exponen a cargos criminales” explica Conrad.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no coinciden con esta perspectiva. En una declaración contra la decisión de la corte de San Francisco, Michael Chertoff, Secretario de Seguridad Nacional, expresó que las normas de ‘discrepancia’ les proporcionan a los negocios “una clara guía sobre cómo actuar en caso de recibir una notificación”.

Agregó además que “si un empleador sigue la normativa de buena fe, y realiza los pasos necesarios para rectificar las discrepancias en un plazo de 90 días tras recibir la carta de notificación, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU no usará la carta como evidencia para tomar acciones legales contra él”.

Sin embargo, la realidad es que las pequeñas empresas sufren mucho cuando pierden personal y los microempresarios tienen dificultades para cumplir con los procedimientos que el gobierno les exige para verificar el estatus migratorio de sus empleados.

Un estudio realizado en 2006 calculó que de los 435 millones de récords personales que maneja la Administración del Seguro Social, 17.8 millones contenían información discordante que podría dar lugar a una notificación de ‘discrepancia.’ En ese caso, el trabajador debe solicitar una cita e ir personalmente a la Administración para llenar algunos formularios.

Los adversarios de la política migratoria de Bush arguyen que no se puede tapar el sol con un dedo, una iniciativa aplicada a medias –y no integral y a largo plazo-  creará más problemas a los empleadores y no conseguirá reducir la inmigración ilegal. “La Administración del Seguro Social no tiene los recursos para tratar con 140 mil personas que acudirían a preguntar “¿puede verificar si soy legal?”, declara Kathleen Campbell Walker, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (aila.org) con oficinas en Washington, D. C.

Desde agosto, el Departamento de Seguridad Nacional ha enviado 140,000 cartas de notificación de ‘discrepancia’ a empleadores. Pero hoy, el Juez Charles R. Breyer del Distrito Norte de California ha congelado esas cartas, al menos hasta que la Corte resuelva si las normas son constitucionales o no, un duro golpe para los esfuerzos de la administración Bush dirigidos a detener la inmigración ilegal.

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