¿Funcionarán las medidas migratorias?

La policía federal de los Estados Unidos amenaza con cárcel a quienes contraten indocumentados; La dureza de las políticas migratorias eclipsa la posibilidad de una reforma.
Nicholson viaja a México cada año para contratar trabajadore  (Foto: )
David Robinson y Renuka Rayasam
WASHINGTON -

Bliss Nicholson viaja a México cada año para contratar trabajadores emigrantes legales, manos que necesita para su empresa de diseño de jardines ubicada en Middleton, Wisconsin.

La ciudad tiene una tasa de desempleo inferior al 4%, así que pocos residentes legales quieren trabajar largas jornadas bajo el sol plantando árboles o instalando tuberías de riego por 10 dólares la hora. A diferencia de muchos otros empresarios en su industria, Nicholson no contrata inmigrantes ilegales, por ello su viaje anual a tierras mexicanas es el único recurso.

El gobierno federal estadounidense desea que más empleadores sigan el ejemplo de Nicholson. Michel Chertoff, Secretario de Seguridad Nacional, anunció en recientes días que la base de datos del sistema de la Seguridad Social será usada para advertir sobre los posibles castigos que recibirían  las compañías que contratan extranjeros indocumentados.

Sin embargo, la nueva política, que entrará en vigor el 15 de septiembre, no conseguirá desalentar la contratación de ilegales ni ayudará a los empleadores honestos a encontrar trabajadores con papeles. Lo único que logrará la presunción burocrática de Chertoff es demostrar la imperiosa necesidad de revisar el actual régimen migratorio de los EU. 

Cada año, las empresas norteamericanas presentan más de 250 millones de Formas W-2 a la Administración del Seguro Social (SSA por sus siglas en inglés), que usa las formas para registrar los salarios durante la vida laboral del trabajador y así poder calcular cuánto le corresponde a la hora de su jubilación.

Pero algunas veces, el nombre y el número del Seguro Social que aparecen en la Forma no se corresponden. Si la Administración encuentra irregularidades en más de 10 formas presentadas por el mismo empleador, envía entonces una notificación de “discrepancia” solicitando se aclaren dichas divergencias; se trata de un paso ideado principalmente para ayudar a los empleadores a detectar errores de oficina.

Desde luego, las discrepancias detectadas en las Formas W-2 también aparecen cuando un trabajador ilegal proporciona a su patrón un número falso del Seguro Social. Bajo las nuevas medidas, toda carta de notificación de “discrepancia” incluirá un folleto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Cualquier empleador que ignore las notificaciones podría enfrentar cargos por delito grave de prácticas ilegales de contratación, castigadas hasta con seis meses de prisión y una multa de 3,000 dólares por cada trabajador indocumentado. Para evitar la penalización, los contratantes deben comprobar el estatus de sus empleados y despedir a cualquiera que resulte ilegal.

Nicholson no sigue la práctica de sus competidores de contratar ilegales. Su empresa Bruce Co. (bruceco.com) emplea cerca de 600 trabajadores (incluyendo 65 mexicanos) y genera ingresos anuales de 45 millones de dólares.

Cada año, Nicholson gasta más de 25,000 dólares en papeleo para convencer a las autoridades migratorias de que no puede encontrar residentes legales que se desempeñen en los puestos vacantes: coloca anuncios clasificados, presenta documentos de entrevistas laborales y llena una ingente cantidad de trámites burocráticos. Luego de atravesar este vía crucis administrativo el Servicio de Inmigración le concede las visas de trabajo H-2B.

Una vez que Nicholson tiene el visto bueno del gobierno, viaja a Ciudad de México y hace fila en la embajada estadounidense durante casi todo el día antes de que se le permita contratar empleados. “Hay gente pidiéndome trabajo frente al umbral de mi puerta, pero si recurres a ilegales, te expones a una redada” afirma el empresario.

Las cartas de advertencia poco harán para amilanar a los contratistas de jardinería que gustan reducir costos contratando indocumentados. No todos son como Nicholson, ni todos se someten a la detección de discrepancias de la Administración del Seguro Social, pues el 74% de las pequeñas empresas tienen en nómina a menos de 10 trabajadores.

Además, las leyes de privacidad impiden que la SSA revele a las autoridades migratorias los lugares a donde se remitieron las cartas de notificación de discrepancias, dejando sin información al Servicio de Inmigración, a menos de que la empresa en cuestión esté ya bajo investigación.

Moraleja: Los patrones honestos como Nicholson deben competir en desigualdad con los empresarios deshonestos que violan la ley impunemente. Sin una reforma integral del obsoleto sistema migratorio estadounidense, las medidas gubernamentales tendrán poco efecto sobre los empleadores o sobre los inmigrantes ilegales.

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