Empresas demandan a gobierno de Evo

La prensa local informó que las querellas contra el gobierno superan los 900 millones de dólare las nacionalizaciones decretadas en los dos últimos años han afectado a varios corporativos.
LA PAZ (CNN) -

Bolivia enfrenta demandas de empresas extranjeras por más de 900 millones de dólares, como consecuencia de las nacionalizaciones decretadas en los dos últimos años por el gobierno de Evo Morales, dijeron este martes dos diarios locales citando un informe oficial.

En reportes coincidentes, los diarios La Razón y La Prensa dijeron que un recién creado ministerio de defensa de las nacionalizaciones enfrenta los procesos con estrategias paralelas de defensa legal y negociaciones.

El detalle de los desafíos legales y eventuales costos económicos de las nacionalizaciones fue divulgado cuando faltan menos de cuatro semanas para que Morales ponga en juego su "revolución democrática y cultural" en un referendo revocatorio de mandato.

"Vamos a defendernos (de las transnacionales) como corresponde, con la máxima idoneidad, con la máxima eficiencia jurídica, sin nunca desechar la mesa de diálogo, la conciliación", dijo el ministro de Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce, citado por La Prensa.

Los diarios dijeron que el grupo de inversiones Ashmore Energy International exigió al Estado boliviano, mediante una demanda en un tribunal de Estocolmo, un resarcimiento de 500 millones de dólares por su participación de un 50 por ciento en la operadora de ductos Transredes, nacionalizada el mes pasado.

En tanto, el gigante de las telecomunicaciones Telecom Italia presentó otra demanda, por 350 millones de dólares, ante el Centro Internacional para Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por su participación del 50% en la telefónica Entel, que el Gobierno de Morales nacionalizó el 1 de mayo.

Los diarios agregaron que el gobierno negociaba compensaciones con el grupo suizo Glencore, por la nacionalización del complejo metalúrgico Vinto en el 2006, y con Graña Montero de Perú y Oil Tanking de Alemania, que controlaban hasta mayo una empresa de almacenamiento de hidrocarburos.

Completan el cuadro una demanda por 40 millones de dólares interpuesta por la empresa chilena Quiborax tras la anulación de su concesión para explotar el salar de Uyuni, y otra por 35 millones de un consorcio internacional que participa en el gasoducto Bolivia-Brasil, por conflictos tributarios.

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