CNDH pide acuerdo de Estado en seguridad

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos propuso toda una reingeniería contra la impunidad; dijo que el ambiente de inseguridad requiere de los gobiernos federal, estatales y municipales.
Ante una creciente inseguridad en México, se tienen que apli  (Foto: )
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció por un verdadero acuerdo de Estado para mejorar la seguridad pública y propuso, entre otras cosas, una estricta reingeniería institucional contra la impunidad.

"El ambiente de inseguridad que, en un nuevo episodio de una prolongada crisis, afecta a la sociedad mexicana demanda medidas plenamente coordinadas entre los gobiernos federal, estatales y municipales -verdaderos acuerdos de Estado- que permitan cumplir con el deber de brindar una adecuada seguridad pública", indicó.

En un comunicado, presentó sus consideraciones y propuestas luego de la convocatoria presidencial para que los distintos órdenes de gobierno, los poderes de la Unión, los medios de comunicación y la sociedad civil colaboren en la construcción de un verdadero frente nacional contra la delincuencia y el crimen organizado.

Actualmente, opinó, todas las fuerzas sociales deben enfocarse a lograr una base de acuerdos mínimos sobre puntos de discusión que orienten la visión y el análisis del problema y permitan la definición de propuestas.

Refirió que durante dos décadas se ha insistido en plantear reformas legales para inhibir la delincuencia que ha demostrado ser cada vez más agresiva y violenta, pero el incremento de penas no ha bastado para abatir ese flagelo.

"Seguir invocando únicamente esa vía o la aplicación de la pena de muerte limita el análisis del hecho principal que afecta a la seguridad pública, que es la falta de resultados confiables en la materia y la desconfianza social generalizada debido a la elevada impunidad de la delincuencia en México", advirtió.

El organismo precisó que el manejo actual de los servicios de seguridad pública ha propiciado que 99% de los actos ilícitos queden impunes, además de que las sentencias condenatorias representan menos de uno por ciento de los casos que llegan a los tribunales.

Todo eso, aunado a que la mayoría de los sistemas penitenciarios son ineficientes y están rebasados por la corrupción, evidencia que "vivimos el resurgimiento de una subcultura de la impunidad en la cual integrantes de corporaciones policiacas suelen estar implicados como responsables de cometer o encubrir delitos", enfatizó.

De acuerdo con el organismo, "debemos alejarnos del discurso mediático y aportar soluciones para el avance general y recobrar la tranquilidad social. El esquema de seguridad pública adecuado será el que logre revertir y modificar para bien la situación de impunidad actual".

Entre sus propuestas, la CNDH consideró fundamental la rendición de cuentas que explique por qué los índices delictivos presentan una tendencia constante hacia el incremento durante los últimos 20 años.

Urgió a una estricta reingeniería institucional contra la impunidad, que debe superar enormes rezagos como el incumplimiento de órdenes de presentación y de aprehensión; la violación a los derechos fundamentales, así como la dificultad y el burocratismo para la reparación del daño a las víctimas.

Asimismo, potenciar los logros y avances mediante la coordinación entre instituciones, el acopio, el uso eficiente y la custodia de la información de inteligencia policial disponible, la modernización tecnológica y la capacitación y profesionalización de los servidores públicos.

Sugirió una participación abierta y verdaderamente representativa del interés social que debe ser apartidista y no corporativizada por alguna autoridad, así como crear comités ciudadanos de seguridad pública avalados por el Congreso de la Unión o por las legislaturas locales.

Esa representación ciudadana se encargaría de presentar ante las autoridades responsables de la prevención e investigación de los delitos, proporcionar datos reales y apreciaciones sistemáticas sobre la eficacia local de las acciones anticrimen y, en su caso, alertar oportunamente el desvío de las acciones públicas, detalló.

Además, establecer procedimientos de selección y designación de los responsables de la seguridad es otro de los aspectos prioritarios, aseveró la CNDH al señalar que el desempeño de algunos responsables de la seguridad pública y las medidas de control de confianza no han resultado acordes con las exigencias de la realidad.

 "Son necesarios criterios más objetivos para la incorporación de servidores públicos en las áreas de seguridad pública, así como procedimientos de remoción que les impidan ser juez y parte cuando son investigados", sentenció.

La CNDH llamó a efectuar periódicamente una evaluación de resultados, de conocimientos, de capacitación y de experiencia como elementos que pueden apoyar el cumplimiento de las responsabilidades públicas, acordes con lo que establecen la Constitución y el marco jurídico que debe regir todo acto de autoridad.

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