Negociador privado de secuestros, legal

Ernesto Mendieta podría ser culpado si se demuestra que aconsejó a Martí a no acudir a la polic a fines de los 90 se instalaron empresas extranjeras que ofrecen el servicio de negociación.
Negociadores privados ¿expertos en secuestros? (Dreamstime)
Enrique Duarte
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

La presunta obstrucción a las autoridades de Ernesto Mendieta en el caso del secuestro de Fernando Martí, podría darse sólo si se comprueba que aconsejó directamente a la familia no avisar a la policía sobre el delito, dijo el especialista en derecho, Miguel Ángel Lugo.

En México cualquier persona puede trabajar como negociador privado en caso de algún secuestro, sin embargo el Código Penal Federal limita sus actos con castigos, pero no especifica que deban estar especializados para llevar ese trabajo.

El código prevé, en su artículo 366 Bis, penalizar solamente a las personas que actúen como intermediarias y no tengan la autorización de la familia o los representantes de la víctima; también a los que realicen la actividad con fines de lucro y aconsejen no presentar la denuncia correspondiente o no colaboren u obstruyan el trabajo de las autoridades.

Las penas para estas personas son de dos a diez años de prisión y de 200 a 1,000 días de multa.

“Tendría que comprobarse, pero hasta el momento no se tiene comprobada esa intención del negociador (Ernesto Mendieta) de quitar a la policía del camino”, dijo Lugo.

Caso Martí, uno más en México

Ernesto Mendieta, quien solicitó un amparo ante cualquier acción legal que pudiera haber en su contra, trabajó como negociador privado del empresario Alejandro Martí, padre de Fernando, secuestrado el pasado 4 de junio en un falso retén de policía, y hallado muerto el 1 de agosto.

Recientemente el mismo Alejandro Martí en conferencia con medios, dijo estar arrepentido de no haber denunciado rápidamente el secuestro de su hijo, pero no mencionó que Mendieta haya aconsejado a la familia no hablar con la policía.

Los secuestradores de Fernando, supuestamente integrantes de la banda La Flor y elementos de la policía, recibieron el pago por la libertad del joven –más de 5 millones de pesos-, pero nunca lo liberaron.

Empresas privadas de seguridad

Desde finales de los años 90 se instalaron en el país unas 5 empresas extranjeras de seguridad, entre ellas estadounidenses y británicas, que dan el servicio de negociaciones privadas en caso de secuestros, dijo el presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas, Julio César García.

“Conozco varias organizaciones americanas e inglesas; son cinco empresas y extranjeras que trabajan así”, dijo García aunque rechazó dar el nombre de estas organizaciones.

Agregó que incluso, algunas empresas aseguradoras ponen como requisito, para la venta de un seguro antisecuestro, que aceptes la ayuda de sus grupos de asesores “que ellos traen y que normalmente son de empresas extranjeras, porque no tienen confianza (las aseguradoras) en la autoridad” mexicana, dijo.

“Hay empresas extranjeras que prestan servicios de negociación pero a través de las aseguradoras inglesas, suecas o americanas que tienen contratadas, los familiares, algún tipo de seguro antisecuestro, las pólizas van a alrededor de (…) para albergar a 10 gentes miembros de una familia, de los 12 a los 15 dólares el costo que tiene esta prima de este tamaño, que llega a cubrir hasta un millón de dólares”, dijo el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Ricardo León Dorantes.

Sin embargo, no se tiene una estadística de cuáles empresas son, cuánto cobran, en qué basan sus salarios y si están especializados, coincidieron los expertos.

“Al final de cuentas es la familia quien toma la decisión de ir con las autoridades o resolver el problema con un negociador privado”, dijo el encargado del departamento de investigaciones especiales de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas, Omar Ugalde Vázquez.

Incluso hay personas que están contratando a personas del tipo ‘gangster’ para resolver los problemas del secuestro, las autoridades están obligando a que la sociedad tome este tipo de decisiones, precisó Ugalde.

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