EU quita abogado de oficio a deportables

Mina el derecho de los inmigrantes a una audiencia justa, dice American Immigration Law Foundation ; impiden también contratar uno privado si esto significará gastos para el gobierno.
Migrantes  (Foto: Notimex, )
WASHINGTON (AP) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido que los inmigrantes que enfrentan deportación no tienen derecho a un abogado de oficio y si contratan uno privado deben hacerlo sin que ello signifique gastos para el gobierno.

Igualmente, ha decidido que esos inmigrantes -indocumentados, solicitantes de asilo y los demás- no tienen garantizado el derecho de reapertura de sus casos si el alegato es que sus abogados no han ejercido una defensa apropiada.

El secretario de Justicia Michael Mukasey tomó las decisiones el miércoles, según un documento publicado en la página electrónica de esa agencia, e inmediatamente fueron criticadas por grupos de defensa de inmigrantes, que alegan que así se está poniendo fin a "décadas de práctica legal establecida".

"Estamos consternados por esta acción", dijo Nadine Wettstein, directora del centro de acción legal de American Immigration Law Foundation (Fundación para las Leyes de Inmigración de Estados Unidos). "Con esta decisión, el gobierno intenta minar el derecho de los inmigrantes a una audiencia justa sobre si deben ser expulsados o no del país".

Wettstein expresó su sorpresa por el hecho de que la decisión fuera tomada apenas dos semanas antes de que el actual gobierno termine sus funciones, ya que será reemplazado por el que encabezará Barack Obama el 20 de enero.

"Disentimos de los pronunciamientos del secretario de Justicia y confiamos en que a la larga las cortes federales rechazarán esta acción", afirmó en una declaración escrita.

La decisión, contenida en 33 páginas, dice que la constitución no da a los extranjeros en proceso de deportación derecho a un abogado de oficio debido a que ese derecho sólo se aplica a casos penales, y los que se siguen a inmigrantes solamente son casos civiles.

Los antecedentes para esa decisión, mencionados en el mismo documento, se basan en casos promovidos por Sylla Bangali, de Mali, y el mexicano Enrique Salas Compeán, quien ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 1989 y está en proceso de deportación desde el 2004.

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