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El IETU es constitucional: Suprema Corte

La SCJN aseguró que el gravamen no viola la ley por impedir que se efectúen deducciones; esta medida es lo que lo diferencia del ISR, por lo que ambos impuestos son diferentes.
mar 02 febrero 2010 04:20 PM
La Suprema Corte de Justicia de la Nación descartó 	que el Impuesto Empresarial a Tasa Unica sea inconstitucional. (Foto: Archivo Notimex)
Superma Corte OK (Foto: Archivo Notimex)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU) no viola la Constitución por impedir que se efectúen deducciones como las que prevé el Impuesto Sobre la Renta (ISR), dado a que son tributos distintos.

En una votación parcial relacionada con este tema, los ministros aprobaron que el IETU es diferente al ISR y por lo tanto no debe considerar las mismas deducciones que el segundo, pues es un impuesto simple, que tiene como objetivo captar una base de contribuyentes mayor, "con un mínimo de deducciones" con la menor tasa posible.

Al continuar con el análisis de amparos promovidos por empresas contra este nuevo impuesto, el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, explicó que el IETU "grava el valor neto incorporado al precio" y si se le hicieran las deducciones que hace el ISR, entonces serían obligaciones fiscales iguales.

En este sentido sostuvo que "no hay inconstitucionalidad del IETU por no permitir la deducción de ingresos netos grabados", opinión que tuvo respaldo de ocho de sus 10 compañeros.

En este sentido, el ministro Arturo Zaldívar expuso que el gravamen "es un impuesto diferente con un objeto distinto. Lo que grava el ingreso bruto, entendido como precio", en tanto que Sergio Valls cuestionó "qué caso tendría establecer un nuevo gravamen si se tiene que sujetar a las deducciones del ISR".

El siguiente tema en la Corte es saber si la imposibilidad de deducir salarios en el pago del IETU es inconstitucional y resulta violatorio al principio de equidad, aunque con la votación de este martes se definió el principal criterio bajo el cual se resolverían los casi 40,000 amparos, y de igual manera el reclamo esencial de las empresas.

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