El Tribunal Electoral prohíbe al INE cobrar multas sin su aval
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no puede cobrar multas a partidos mientras no exista una sentencia definitiva que así lo confirme por parte de dicho tribunal.
Por esta razón, el INE deberá liberar parte de los recursos retenidos seis partidos políticos por concepto de las multas que aún no han sido confirmadas por alguna de las salas del TEPJF, de acuerdo con un reporte del diario El Universal.
Por ejemplo, de los 53.8 millones de pesos retenidos al al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el INE entre abril y hasta los primeros días de mayo, solamente 13.4 millones corresponden a multas en firme en diversas sentencias del tribunal.
Los otros 40.4 millones de pesos son producto de otras multas que han sido impugnada por el Partido Verde y cuyas resoluciones aún están pendientes tanto en la Sala Regional Especializada, como en el Sala Superior. Hasta que, de ser el caso, las multas sean ratificadas, dicho monto tendría que ser liberado.
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Del mismo modo, el INE liberaría recursos de otros cinco partidos políticos, por un total de casi nueve millones de pesos, que les fueron retenidos en abril por concepto de pago de multas.
Este miércoles, la Sala Superior del TEPJF dictó una resolución que declaró ilegal la retención de multas que no están firmes, al resolver las impugnaciones promovidas por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano y Encuentro Social en contra del acuerdo del Consejo General del INE del pasado 15 de abril.
Las sanciones acordadas ese día ascendieron a 15 millones de pesos aproximadamente, y fueron impuestas a todos los partidos políticos por irregularidades detectadas en la revisión de informes de precampañas a diputados locales y federales en Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán.
El consejero Marco Antonio Baños indicó que ahora corresponde al INE decidir cuándo se hará efectiva la orden de restituir los recursos.