Las reformas del gas LP

El gobierno lucha por modernizar la regulación de venta y distribución del combustible; la industria vale unos 9,000 mdd al año y genera alrededor de 160,000 empleos directos.
El gas LP es el producto más rezagado de la economía. (Adán
Adolfo Ortega

Héctor Olea, ex presidente de la Comisión Regulatoria de Energía (CRE), tiene en mente un negocio que, de tener éxito, mejoraría el paisaje de azoteas en las ciudades mexicanas, devolvería la confianza a millones de consumidores y, quizá, hasta podría silenciar a los vendedores que cada mañana gritan en las calles “¡el gaaaaas!”. 

El panorama urbano mejoraría si el consumidor se convence de cambiar sus viejos cilindros de acero, donde almacena gas LP, por unos coloridos recipientes de plástico y fibra de vidrio, que Olea pretende importar desde Noruega, a través de su empresa, Gauss. Esos recipientes, traslúcidos, permitirían al consumidor comprobar que realmente contienen la cantidad de gas que se dice. Y los gritones matutinos tal vez ya no hagan falta si el gas LP empezara a venderse en cualquier tienda de barrio o autoservicio.

“Los consumidores del segmento bajo son el mercado potencial más importante para nosotros”, dice Olea.

Sin embargo, para que él y sus socios concreten ese negocio, debe cambiar el entorno regulatorio en el país. Y eso es lo que está a punto de suceder. Un nuevo reglamento para la distribución de gas LP está a punto de ser estrenado, luego de varios meses de trabajar en él. Según las autoridades consultadas y empresarios de la industria, cuando esta edición empiece a circular es muy probable que ya esté aprobado. Y se espera que el nuevo entorno regulatorio atraiga a más empresarios y compañías a este sector, tal como sucedió con Olea y Gauss.

Los recipientes traslúcidos y la venta del combustible en comercios son dos de los cambios más relevantes, pero no los únicos. El nuevo reglamento también termina con las exclusividades territoriales para los permisionarios y abre la opción de que los grandes usuarios compren el gas LP directamente a Pemex, entre otras modificaciones. En el fondo, la intención es crear un entorno más competitivo y seguro para esta industria que parece atrapada en la década de los 70, al grado que el gas LP es el único producto en México cuyo precio está controlado por el gobierno.

No será sencillo, sin embargo, modernizar una industria que tiene un arraigo de 75 años en el país, que vale unos 9,000 millones de dólares (mdd) al año y que genera 160,000 empleos directos. Tampoco ayuda que sea un sector sumamente concentrado, en donde hay 220 empresas independientes, pero los grandes jugadores son apenas 22. Y cinco de ellos ostentan 40% del mercado. De este puñado de distribuidores depende que 80% de las familias de México, el país con el mayor consumo de gas LP per cápita en el mundo, obtenga este combustible.

Completa este cuadro la serie de acusaciones que pesan sobre algunos miembros de este sector que van desde la entrega incompleta del producto a los consumidores, hasta amenazas y sabotaje a la competencia. El propio Olea ha padecido algunas de estas prácticas. Cuando encabezaba la CRE, recuerda el ex funcionario, recibió amenazas de muerte de miembros de este sector.

Los cambios regulatorios en el sector energético en el país iniciaron en los años 90. Pero el sector del gas LP dio un paso atrás cuando, ya con la tarifa liberada, en 2001 se volvió al control de precios debido al caos que prevalecía en la actividad. Después, en los últimos meses del sexenio de Vicente Fox, se intentó, sin éxito, cambiar la regulación.

Esta vez, el nuevo reglamento parece inminente, aunque con su aprobación los desafíos apenas comienzan. Por ejemplo, establece que, una vez aprobados los cambios, Pemex tiene ocho meses para proponer los nuevos términos para la venta del gas LP a los distribuidores; la Secretaría de Energía tiene 90 días para emitir los lineamientos de operación para los establecimientos que intercambiarán los cilindros a los usuarios, así como las áreas donde se recolectarán y destruirán los recipientes que no cumplan con las normas.

Además, deben emitirse las reglas para los comercios que venderán gas LP y los lineamientos para echar a andar el nuevo fideicomiso que impulsará la innovación en este sector. “El año 2008 es fundamental para materializar el mejoramiento del marco regulatorio”, dice Francisco Aparicio, presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Gas LP (Asocigas), un organismo que representa a 32% del sector, medido en toneladas.

Y cada uno de estos nuevos lineamientos representará una negociación entre las autoridades y el sector. Por eso la industria sigue inquieta a pesar de la inédita certeza que significaría un nuevo reglamento.

Hay, sin embargo, un aspecto que preocupa en lo particular: el precio del combustible. La legislación dice que los precios de cualquier producto se controlan sólo si la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) determina que no hay competencia entre los participantes. En donde sí la hay, el gobierno debe liberar los precios.

Esto recrudece el conflicto de fijar los precios en las zonas donde no hay competencia, de lo cual depende la ganancia de los permisionarios. Entre octubre de 2001 y el mismo mes de este año, Pemex subió 127% el precio del gas LP a los permisionarios, llamados también Ventas de Primera Mano (VPM). La tarifa máxima que los distribuidores pueden cobrarle a los usuarios sólo subió 90% en el mismo lapso. En octubre de 2001, la diferencia promedio entre el precio que los distribuidores pagaban a Pemex y el que le cobraban a sus clientes era 40%. El mes pasado, esta diferencia fue 29%. Si se consideran los descuentos que algunas empresas del sector hacen en las ventas al mayoreo, su margen baja aún más. De acuerdo con Asocigas, el margen de comercialización actual es de 1.92 pesos por kilo, equivalente a 23% del precio al público.

La forma en que hasta ahora se ha establecido esta diferencia ha sido incierta para la industria. “El margen de comercialización ha sido producto de un proceso muy desgastante de negociación con las autoridades”, comenta Aparicio. El nuevo reglamento, en cambio, ordena que las autoridades diseñen una directiva tarifaria, lo que daría más certeza a los empresarios del sector sobre sus ganancias y haría más transparente y consistente el cálculo del precio máximo que ellos pueden cobrar por el gas a los consumidores. Esto sucede ahora en el sector del gas natural y con el precio al que Pemex le vende el gas LP a los permisionarios. “Esto es algo que por primera vez se plasma en el marco jurídico”, reconoce Aparicio, el presidente de Asocigas.

Los cambios que sufre este sector podrían dar lugar a un hecho inédito en la economía mexicana: tener al mismo tiempo precios liberados y controlados de un mismo producto. En agosto pasado, Cofeco informó que en 130 de 145 mercados no había competencia efectiva entre las empresas que distribuyen gas LP. “La lógica te dicta que se libere el precio en donde sí hay competencia y que se regule la tarifa en donde no la haya”, dice un funcionario de la Comisión que pidió el anonimato.

El gremio, sin embargo, no está convencido de la forma en que Cofeco llegó a su conclusión sobre los lugares donde hay competencia y donde no la hay. Una de sus críticas tiene que ver con el cambio metodológico del análisis de agosto pasado. En 2001, dicen, el mercado se estudió tomando como referencia de mercados relevantes a cada uno de los estados del país. En ese entonces, el análisis de la Comisión fue que sí había condiciones de competencia efectiva en 60% del territorio nacional, si se mide en toneladas. Ahora Cofeco dividió el país en las 145 regiones geográficas que son las mismas que hoy se usan para determinar el precio del flete del gas LP. El resultado es que sólo hay competencia en 16% del mercado.

“Cambió la metodología porque cambió el sector, cambiaron las reglas y las empresas cambiaron para adaptarse a este nuevo entorno”, dice el funcionario de Cofeco. Por consiguiente, el resultado de los análisis también cambió, ya que  además de dividir el mercado en forma distinta, la Comisión contó ahora con información más detallada de esta industria por parte de las propias empresas y  de la Secretaría de Energía. Se trata de información tal como la tenencia accionaria cruzada que tienen diversos grupos corporativos, los parentescos y las afinidades que existen entre ciertos distribuidores y los contratos de largo plazo que tienen algunas de las firmas del sector. “No fue espionaje industrial pero fue un trabajo casi detectivesco”, asegura la fuente de Cofeco.

A la Comisión no le preocupa que como resultado de su nuevo análisis existan áreas del país donde se libere el precio del gas LP mientras que en otras se mantenga la tarifa controlada. En la dependencia entienden bien que, en la actualidad, existe un fuerte incentivo para que el gremio del gas LP exija un mayor precio en sus ventas al menudeo. Por eso quiere recomendar al gobierno que libere el precio del gas LP en las zonas en donde hoy existe competencia efectiva. Y para asegurar esto, necesita comprobar que hay suficientes jugadores en un mercado; que no tienen parentesco ni relación de negocios entre ellos; y que existen pocas o nulas posibilidades de que se coludan. Si logran convencer al gobierno de que libere parcialmente el precio, lo más probable es que esto genere una caída en el precio del combustible, al menos en las zonas liberadas. Y al bajar este precio, no sólo se beneficia el consumidor que paga menos por el gas LP sino que el sector ‘revelaría’ los costos reales que tienen para distribuir este insumo. Así, el ‘nuevo’ precio en estos mercados serviría de referencia para que las autoridades fijaran una nueva tarifa en los lugares en donde aún se requiere este control.

Aunque nadie niega que el nuevo reglamento tiene sus bondades, muchos jugadores creen que esto es muy bueno para ser verdad. Sobre el negocio de Olea, por ejemplo, opinan que caerá bien en el segmento de quien compra un tanque para instalarlo en la parrilla de su jardín, pero opinan que en los segmentos populares (el nicho que más le interesa a Gauss) no suelen ser clientes de las tiendas de autoservicio.

Otras cuestiones tienen que ver con asuntos legales. Por ejemplo, la distribución al menudeo de gas LP es una actividad exclusiva para empresas de capital mexicano. Eso significa que tiendas como Wal-Mart no podrían vender este combustible.

“La CRE tiene conocimiento de que la Sener, al proponer el nuevo permiso de distribución de gas LP en establecimientos comerciales, previó esta situación”, dice Francisco Xavier Salazar, presidente actual de esta Comisión. Según el funcionario, la salida legal para esta situación es que los establecimientos de capital extranjero renten espacios dentro de sus tiendas a compañías mexicanas que son las que venderían los recipientes portátiles con gas LP. Al final, lo que a ellos más les interesa es el flujo de nuevos clientes que la venta de este combustible les puede generar. Por algo la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) ha sido la principal promotora del cambio regulatorio que los mete al negocio de la distribución de gas LP, a decir del propio Olea.

En todo caso, Cofeco es optimista sobre este nuevo reglamento. Cree que contiene suficientes incentivos para provocar una pelea entre los miembros del sector y que esto repercuta en el precio del producto y en beneficio de los consumidores. Algunos funcionarios de la dependencia incluso creen que, una vez liberada su resolución definitiva, valdría la pena volver a analizar las condiciones de competencia de este sector en uno o dos años. “Esto puede ser el principio de la liberación total del precio”, advierte la fuente de Cofeco.

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