Los contadores proponen “Plan B” fiscal

Los expertos creen que el ISR debería reducirse en vez de aumentar así como eliminar el IETU; sin embargo, sostienen que la recaudación debería recargarse en más impuestos indirectos.
impuestos  (Foto: Archivo)
Enrique Duarte
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

El Gobierno mexicano quiere "secar" a la economía mexicana con la propuesta fiscal que envió al poder legislativo, al querer gravar más a las empresas mexicanas y no permitir la generación de inversiones y de empleos, indicó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMPC). Aunque el organismo avaló la creación del gravamen al consumo generalizado y los cambios en los impuestos a los Depósitos en Efectivo (IDE) y Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), precisó que existen algunas modificaciones que se prevén en la Ley de Ingresos que retrasarían la expansión económica del país.

Tales retrasos se materializarían con la aprobación del incremento en la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que pasaría de 28 a 30%, la continuación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) (pero ahora con la prohibición de acreditar contra el ISR propio el crédito fiscal generado por el exceso de deducciones), además de los cambios que se prevén en el Código Fiscal Federal para dotar de más herramientas fiscalizadoras al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Nos preocupa porque si hablamos de capitalizar al país, pues esto va en contra de estos propósitos", dijo el vicepresidente de asuntos fiscales del IMPC, Carlos Cárdenas.

Los contadores públicos propusieron que la recaudación se incline más en los impuestos indirectos y que se cobre menos gravámenes directos como el ISR o IETU.

A su vez, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) debería desaparecer, mientras que la denominada Contribución para el Combate a la Pobreza (que gravaría al consumo con una tasa del 2%) vaya incrementando su tasa paulatinamente hasta un nivel "aceptable".

Además, se debe alentar la creación de impuestos ecológicos, que a su vez incentiven el cuidado al medio ambiente, propuso el IMPC.

El instituto coincide con el Gobierno en fortalecer el IEPS y las tarifas de productos y servicios ofrecidos por el sector público, sin afectar a las clases más desprotegidas.

El Ejecutivo federal presentó en su propuesta la integración del IEPS en los servicios de telecomunicaciones -con algunas excepciones en zonas rurales-, el incremento en la tasa en productos como cigarros, bebidas alcohólicas y juegos de apuestas y sorteos.

Eliminar el IETU

Sin embargo, el IETU debería eliminarse y sustituirlo con un impuesto mínimo complementario de la Ley del ISR, que se calcule de manera sencilla. Mientras que se propone la reducción de la tasa del ISR para hacerlo más competitivo en el contexto internacional, donde la tasa más alta dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de 26%.

"Nos preocupa que se esté manteniendo el IETU pero además con un esquema fiscal más agresivo", dijo Cárdenas.

El organismo propuso la federalización de los impuestos, esto es, que cada unos de los tres niveles del Gobierno -municipios, estados y federación- recaude sus propios gravámenes, conforme a las facultades establecidas, ya que en la actualidad los estados sólo generan el 10% de lo que se les entrega como participaciones federales.

Además, el Estado debe diseñar una verdadera política de estímulos fiscales, mientras idea una simplificación de las disposiciones en esta materia y eliminación de los regímenes especiales que no aporten una ayuda a la sociedad.

Con las modificaciones que plantea el Ejecutivo federal se podrían recaudar unos 175,700 millones de pesos para el 2010, de los cuales 20,400 millones se compondrían por eficiencias que lograrán en la administración tributaria.

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Aunque el SAT prevé que las medidas planteadas ayuden a atraer a unos 4 millones de contribuyentes, los expertos han criticado que el fisco pretende recaudar de los mismos 24 millones de contribuyentes cautivos.

Mientras la Ley de Ingresos se discute en la Cámara de Diputados, lo único seguro que tiene el Gobierno es que existe un "boquete" de casi 300,000 millones de pesos (menores ingresos petroleros e impuestos) que quiere cubrirlos con un menor gasto público, un déficit público de 0.5% del PIB y las modificaciones fiscales.

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