España, en conflicto por reforma laboral

El Gobierno asegura que los cambios propuestos al mercado de trabajo forman parte de varios ajustes; algunos sectores han dicho que la reforma adolece imprecisiones y no toca los acuerdos colectivos.
GM-general-motors-autos-RT.jpg  (Foto: CNN)
MADRID (CNN) -

La reforma laboral española causa controversia entre la defensa del Gobierno y la oposición de los grupos sindicales. El presidente del Gobierno español dijo este miércoles que la reforma laboral sólo es una parte más de todas las medidas económicas adoptadas para mejorar la estructura económica y productiva del país.

La reforma laboral, afirmó, "es una pieza más de las necesidades de la economía productiva en nuestro país", dijo José Luis Rodríguez Zapatero en una intervención parlamentaria.

El presidente del Gobierno añadió, en la misma línea que la planteada recientemente por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que esta reforma no es "la solución definitiva" a los problemas de desempleo y productividad.

Algunos sectores han dicho que la reforma laboral, tal como está planteada en un decreto ley, adolece de imprecisiones, deja muchas zonas grises a la interpretación y no toca aspectos tan importantes como el de los convenios colectivos.

El martes, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pidió a los grupos parlamentarios que aprovechen la tramitación de esta reforma en el Congreso para incluir o clarificar algunos aspectos abiertos.

Fernández Ordoñez siempre ha subrayado la necesidad de indexar los salarios a la productividad y no a la evolución de los precios, como se plantea en los convenios colectivos.

Por su parte, los sindicatos mayoritarios han rechazado frontalmente la reforma laboral por menoscabar los derechos fundamentales de los trabajadores y han convocado a una huelga general para el próximo 29 de septiembre.

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Las dos cámaras legislativas españolas -el Congreso y el Senado- deben ahora debatir el decreto ley en su calidad de proyecto de ley, tras su ratificación del martes por la Cámara baja.

El Gobierno se ha dado un plazo de 12 meses para debatir e introducir las enmiendas correspondientes a esta reforma laboral, pero ha expresado su voluntad por cerrar su tramitación en un plazo no mayor de tres meses.

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