Estados avanzan lento vs contrabando
Sólo 13 de 18 estados del país desarrollan actividades de revisión a mercancía de procedencia extranjera, con base a las facultades que les otorga la ley, informó el administrador general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, Alberto Real Benítez. De esas 13 entidades, un total de seis destacan en el ejercicio del Anexo 8 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, como es el caso de Puebla, Distrito Federal, Sonora, Sinaloa, Jalisco y el estado de México, indicó.
En su intervención en el panel Estado de derecho: Generemos competitividad atacando la ilegalidad, el funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que sólo 18 entidades han firmado el llamado Anexo 8, por lo que convocó al resto de los estados para que se sumen al combate al contrabando.
A su vez, el subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, Arturo Germán Rangel, anunció la instalación de tres agencias del Ministerio Público en las aduanas de Pantano, Lázaro Cárdenas y Manzanillo, que presentan una problemática mayor.
Destacó que a partir de la reforma constitucional en la que la piratería se persigue de oficio, se han iniciado casi 1,000 denuncias por este delito.
"Ahora los tres niveles de Gobierno persiguen este delito, un ejemplo es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que pone a disposición del Ministerio Público a un sinnúmero de personas que venden piratería", señaló.
En su oportunidad, el vicepresidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, aseveró que los resultados de la firma del anexo 8 son palpables, "se han logrado incautar 300 toneladas de textiles y zapatos, 400,000 juguetes, 50 toneladas de medicamentos falsos, así como 30,000 litros de bebidas alcohólicas adulteradas".
El dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) coincidió con el director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Sergio Monroy Portillo, en que esos operativos deben efectuarse, porque el Gobierno está realizando bien su trabajo en la detección de mercancía de contrabando.
Monroy Portillo dijo que se tiene que trabajar con transparencia, ya que el reto es romper el divorcio que existe entre el SAE y algunos sectores sociales.
Informó que son necesarios mayores recursos para la administración de bienes apócrifos asegurados, así como para la destrucción de las mercancías, ya que, alertó, "en la medida que no se tengan estos recursos se podría convertir en un riesgo".
En este mismo panel, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Jorge Amigo Castañeda, recordó las cuantiosas pérdidas de los sectores industriales debido a la piratería.
Ellas, agregó, consisten en 200,000 millones de dólares en fármacos, 60,000 millones en material de audio y video, 50,000 millones en cómputo y en cigarrillos la cifra ascendió a 50,000 millones.
Subrayó que la acción más valiosa realizada por el Gobierno es la voluntad política de las dependencias federales con el sector privado, además formuló un llamado para incidir en el Poder Legislativo para tener leyes con verdaderos "dientes", que sancionen firmemente a las personas que cometan estos delitos.
