Multan con 2 mdp a funcionarios de SCT

El Gobierno anunció la destitución de 6 trabajadores de la dependencia por corrupción; Felipe de Jesús Rivera, Miguel García, Jesús López y Justino de la Fuente pagarán 2 mdp cada uno.
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) -

La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó, inhabilitó y multó a seis funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que autorizaron pagos por más de 9 millones de pesos a obras no ejecutadas.

Con el apoyo y la colaboración de las autoridades de la Comunicaciones, también se presentó una denuncia penal contra los sancionados ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto uso indebido de atribuciones y facultades.

Detalló que una auditoría del Órgano Interno de Control de SCT detectó que los seis involucrados autorizaron pagos por 9 millones 476,041.47 pesos para la modernización del tramo Boulevard Aeropuerto-Xonacatlán, de la carretera Toluca-Naucalpan, en el estado de México, que no se había realizado.

La Función Pública detectó además en 2008 varios conceptos relativos a tareas técnicas propias de esta obra pública pendientes de ejecutar.

Por lo anterior, la SFP inhabilitó por 10 años para trabajar en el Gobierno federal y multó con dos millones 369,000 pesos al director general del Centro SCT, Felipe de Jesús Rivera Valenzuela, y al subdirector de Obras, Miguel Ángel García Cisneros.

Igual sanción fue dictada contra el residente general de Carreteras Federales, Jesús López Ramírez, y el residente de Obra, Justino de la Fuente Sánchez.

La dependencia federal también giró instrucciones para inhabilitar por cinco años al jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, Jesús Salazar Beltrán, al tiempo que destituyó e inhabilitó tres años al subdirector de Administración, Víctor Hugo Ortiz Ruiz.

La investigación de secretaría determinó que, en los últimos tres meses programados para la terminación de la obra en 2007, los involucrados manipularon los registros de avance para tramitar pagos por obra que no había sido ejecutada.

De prosperar la denuncia penal, los seis podrían ser condenados de seis meses a 12 años de cárcel, a pagar de 100 a 300 días de multa y la destitución e inhabilitación judicial de seis meses a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

 

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