Subsidios ‘perversos’ agobian a México

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Gastar más no significa obtener mejores resultados, y en México, los recursos públicos frecuentemente son utilizados discrecional e irresponsablemente para generar redes clientelares, hacer favores a parientes y amigos, o eludir decisiones políticamente complicadas, coinciden investigadores y académicos.

Un ejemplo de ello son los subsidios y subvenciones , cuyo monto presupuestado para el ejercicio 2011 es de 407,885 millones de pesos, una cifra por arriba del presupuesto de los tres estados más grandes del país y "la joya de la corona corresponde al rubro de educación pública, con 120,733 millones de pesos", dice José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México.

En tanto, desarrollo social recibe por subsidios 74,519 millones de pesos; salud, 61,974 millones; agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, 61,189 millones, y la hacienda pública recibe 14,108 millones, precisa.

En general, la construcción de subsidios del Estado mexicano es relativamente inercial. El Presupuesto del año anterior se toma como piso y "de ahí hacia arriba lo que se consiga es bueno", opina Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

A los diputados y senadores que representan los intereses de determinados sectores, se les mide por qué tanto obtuvieron con relación al Presupuesto del año pasado y ahí los incentivos son verdaderamente perversos.

"Muchos de estos subsidios acaban en manos de organismos corporativos, gremiales y no necesariamente llegan a manos de la gente a la que tiene que llegar. Además, hay que tomar en cuenta que los subsidios constitucionalmente deben ser generalizados y temporales, y en México son para grupos de interés particulares y permanentes, y una vez puestos es muy difícil quitarlos", indica Molano.

Rodolfo de la Torre, coordinador de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resalta que a veces hay intereses de grupos específicos o interpretaciones de las preferencias ciudadanas que no son las adecuadas.

Y pone el ejemplo de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que en el caso de las pensiones se le asignaban subsidios por trabajador jubilado de alrededor de 17,000 pesos al mes.

Por otro lado, a los adultos mayores del programa de pensiones no contributivas que se da a través del padrón de Oportunidades entregaba un subsidio a las pensiones de 175 pesos y correspondía a los grupos más pobres.

"Tenemos una diferencia de casi 100 veces y que se explica, en buena medida, por la presión política que ejercía ( LyFC) para continuar dando a este grupo su subsidio pensionario". De la Torre considera que otros sindicatos están en igual situación.

"Son casos en donde las presiones de grupos organizados, lo que hacen es conducir el gasto público para su beneficio, pero no representan a la población con más necesidades", destaca.

Por ejemplo, casi 60% de los subsidios al campo se asignan a 10% de los que más tierra tienen y "es difícil imaginar que los pequeños propietarios de tierra escogieron que los legisladores asignaran la mayor parte de los recursos a los que más tierra tienen".

Pero hay otras situaciones en donde los subsidios los reciben aquellos que más tienen y no es por la presión de un grupo en particular, como es el caso de los apoyos al precio de la gasolina , que de acuerdo con el secretario de Hacienda y rédito Público, Ernesto Cordero, este año rebasarán 170,000 millones de pesos.

"No hay un grupo presionando para que se mantenga el precio de la gasolina por debajo de su costo de adquisición o de producción, sino que la política pública, los legisladores, algunos funcionarios, interpretan que va a beneficiar a la población en general", señala De la Torre.

Sin embargo, "esto no es así. La mayor parte del subsidio se lo queda el 20% de la población con más ingreso y mayor nivel de desarrollo", indica.

El subsidio a la gasolina equivale a cuatro veces el que recibe el programa Oportunidades. Por ejemplo, en el transcurso de un mes al dueño de una camioneta de lujo se le otorga un subsidio de 1,840 pesos al llenar su tanque de gasolina, mientras que a una familia de cuatro miembros en pobreza extrema, Oportunidades les entrega, en promedio, 1,380 pesos.

El gasto público en educación absorbe aproximadamente 30% del gasto en desarrollo humano, siendo el segundo más alto. "Más de 75% del financiamiento de la educación en México proviene de recursos públicos y 90% del costo de los servicios de educación básica en México se origina en el pago de salarios a maestros".

El funcionario del programa de Naciones Unidas advierte que el gasto público está asignado bajo fuertes presiones clientelares, demandas de grupos organizados que intentan capturar parte del gasto público para su ejercicio en vez de que se asigne a través de reglas que en general beneficien a todos los ciudadanos.

"A partir de esta gran bolsa de subsidios y subvenciones hay que preguntarse qué resultados se obtienen en los programas y lo que se puede plantear es que no existen programas de evaluación que permitan garantizar que esta gran cantidad de recursos acaben obteniendo un resultado productivo", añade De la Cruz, del Tec de Monterrey.

Por ejemplo, en la agricultura y ganadería los más de 60,000 millones de pesos de subsidios no han generado una autosuficiencia alimentaria, subraya el académico; por el contrario, las condiciones de vida de la gente en el campo son muy precarias.

Los especialistas coinciden en que los subsidios no son perjudiciales, porque están diseñados para ser una especie de transferencia directa o programas de apoyo que beneficien de manera focalizada a ciertos sectores y corrigen fallas donde los mercados no funcionan correctamente.

El problema es que cuando se diseñan e instrumentan mal y no se les evalúa de manera oportuna, acaban teniendo un resultado de nula o baja eficacia y llegan a ser hasta regresivos en vez de beneficiar a quienes van diseñados.

"Hay que separar el financiamiento de los servicios con la provisión de los servicios. Si bien la salud o educación gratuita son fines muy loables para un Estado, no necesariamente es el propio Estado el que tiene que entrar a proveer esos servicios. Es un gran absurdo y con base en esa idea es que se crean ese tipo de clientelas enormes", puntualiza Molano, del IMCO.

Estima que buena parte del problema es que la discusión de impuestos y subsidios se tiene por separado y "debería ser una discusión de tipo integral y eso no ha pasado".

En consecuencia, el que paga "no ve donde queda lo que pagó y el que recibe no le importa de dónde vienen los recursos, y ahí tenemos un problema de incentivos muy serios", resaltó el director adjunto del IMCO.