Deuda estatal, en el ‘ojo del huracán’

Esos pasivos de corto plazo alcanzan niveles insostenibles en México, advierte Fitch Ratings; S&P alerta que ya ejercen fuerte presión sobre las finanzas públicas de las entidades mexicanas.
deuda  (Foto: Thinkstock)
Isabel Mayoral Jiménez
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

La deuda de corto plazo de las entidades federativas de México alcanza niveles insostenibles y ejerce una presión considerable en los presupuestos de las entidades del país, advierten las calificadoras de valores Standard and Poor's (S&P) y Fitch Ratings.

Fitch estima que los gobiernos subnacionales mexicanos enfrentarán un entorno financiero adverso en el mediano plazo y, por lo tanto, su endeudamiento de corto y largo plazo mantendrá una tendencia creciente.

En tanto, S&P subraya que en los últimos años la deuda de las entidades ha crecido más rápidamente en comparación con otros países de América Latina. Los pasivos de corto plazo con la banca comercial aumentaron especialmente rápido, y en virtud de la legislación y las prácticas locales, las estados no reportan públicamente una gran parte de esos créditos.

Al primer semestre de 2011, las obligaciones financieras de las entidades federativas y municipios se ubicaron en 316,704 millones de pesos, con lo cual observa un crecimiento de 219.7% en los últimos 10 años, de acuerdo con las cifras más recientes de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda.

Como porcentaje de las participaciones federales que reciben, ese pasivo equivale a 64.2%, 14 puntos más que el dato registrado en 2001, de 50.3%. En tanto, medido como proporción del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), los pasivos de los estados y municipios equivalen a 2.3%.

Para 2012 los recursos federales transferidos a las entidades federativas y a los municipios será de un billón 41,778.1 millones de pesos, 29% del gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal y equivalente a 6.9% del PIB estimado para 2012, que es de 15 billones 164,900 millones de pesos, expuso la semana anterior el senador del PAN, Ramón Galindo, en una presentación.

Expuso que si bien el gasto federalizado es inferior en 4,664.9 millones de pesos (‐0.4%) en comparación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, su disminución se explica porque las participaciones federales registran un decremento real (‐1.4%) derivado de la eliminación del cobro del impuesto a la tenencia, así como la disminución (‐37.4%) de otros gastos federalizados, mientras que las aportaciones federales crecieron 2% en términos reales. 

Fitch alerta que la recaudación Federal Participable se verá afectada por la incertidumbre en la recuperación sostenida de la economía mundial y por una expectativa no favorable para el precio del petróleo, al menos en el mediano plazo.

Además, ante una reactivación menos dinámica de la economía mexicana, se prevé un entorno difícil para mejorar la recaudación local.

En este sentido, la propuesta del Gobierno federal en el paquete fiscal 2012, en la que se habilita a las entidades federativas para incrementar sus ingresos a través del cobro de un impuesto a las ventas y servicios al público en general con una tasa máxima de 5%, es un paso importante en materia de federalismo fiscal, menciona el senador Galindo Noriega.

El también presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal explicó que de aprobarse esta disposición, planteada en el paquete económico para el próximo año, será una gran oportunidad para que los gobernadores empiecen a dejar su condición de dependencia respecto del gobierno federal y de conformarse con "estirar la mano" para demandar más recursos.

"El problema no estriba en qué tanto más o menos recurso se les entregue a los gobiernos subnacionales, pues esta dinámica solamente los ha hecho ‘atenidos', sino en que éstos sean responsables de su debida aplicación y de la transparencia en el ejercicio del gasto", dijo.

Los vencimientos de deuda de largo plazo entre las entidades mexicanas promedian aproximadamente 14 años, pero la deuda de corto plazo ha ejercido una presión considerable en los presupuestos de los estados, en años recientes, indica S&P.

Al comparar el nivel de deuda en relación a sus ingresos operativos, la mayoría de los gobiernos locales y regionales mexicanos se compara favorablemente frente a sus pares internacionales, precisa. Sin embargo, en los últimos dos años los niveles de deuda han aumentado, superando los valores medios históricos, mientras que se ha deteriorado su desempeño presupuestal.

En varios estados el pasivo circulante ha alcanzado niveles que se vuelven insostenibles en el corto plazo, lo que además de incrementar considerablemente el riesgo de refinanciamiento, deriva en la necesidad de acudir a los congresos locales para solicitar la reestructura a largo plazo de estos pasivos, que en su origen no están sujetos a las autorizaciones legislativas ni los controles presupuestarios que suelen acompañar a los procesos de contratación y registro del financiamiento de largo plazo, agrega Fitch.

Un aspecto adicional es la desaparición del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos a nivel federal a partir de enero de 2012, prevaleciendo la incertidumbre en torno a su incorporación como contribución local en un número importante de estados y la capacidad de compensar esos ingresos a través de otros gravámenes federales o estatales, puntualiza la calificadora.

En cuanto a los egresos, persistirán las presiones sobre el gasto por los procesos electorales, destacando la elección presidencial de 2012, así como las transferencias a educación y salud, provisión de servicios, particularmente en materia de seguridad pública y atención a desastres naturales.

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Recientemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la próxima aplicación de nuevas reglas bancarias para los créditos subnacionales en materia de reservas preventivas. Con base en información preliminar sobre dichas reglas, la calificación específica de créditos bancarios por parte de agencias calificadoras podría perder dinamismo.

Sin embargo, por lo anteriormente expuesto, Fitch considera que el análisis de las estructuras de financiamiento por parte de un tercero independiente coadyuva a la regulación prudencial del sector y, por ende, seguirá siendo relevante para los participantes del mercado, por lo que la calificación de financiamientos por calificadoras continuará siendo utilizada principalmente en operaciones de tamaño considerable o en financiamientos de entidades con una baja calidad crediticia. 

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