La Corte respalda ubicación de celulares

La SCJN validó la ley de geolocalización, que servirá para combatir delitos graves en México; la PGR tendrá la facultad para rastrear un celular sin previa orden de un juez.
smartphone  (Foto: Getty)
Edgar Sigler /
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este jueves la polémica ley de geolocalización, que permitirá a los ministerios públicos localizar un aparato celular involucrado en una investigación de un delito grave, y sin necesidad de contar con una orden judicial.

La Corte avaló con ocho votos a favor y tres en contra las modificaciones a los artículos de los artículos 133  del Código Federal de Procedimientos Penales, 16,  fracción I, apartado d); y 40 Bis de la ley Federal de Telecomunicaciones, que permitirán a la PGR, a través de una solicitud escrita o vía electrónica, exigir a los operadores de telefonía móvil que proporcionen la ubicación de un equipo celular involucrado en un delito como secuestro o tráfico de drogas. La propuesta de proyecto mantuvo las divergencias entre los ministros Fernando Franco González, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes a pesar de votar a favor se expresaron en contra de los argumentos para validar los cambios al artículo 133 del Código Federal de Procedimientos.

Los ministros terminaron por coincidir que la medida de localización se justifica a pesar de que puede violar el derecho a la privacidad de las personas. La ley limita el uso de esta herramienta para las investigaciones de delitos graves como el secuestro, extorsión y tráfico de drogas.

"Aún en el caso de que se considerara que existe la intromisión con la vida privada hay justificación para hacerlo...porque persigue un fin legítimo", explicó la ministra Luna Ramos en su intervención en el Pleno de la Corte.

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Los miembros del máximo tribunal que votaron a favor también concordaron en que la Ley de Geolocalización, que el Congreso aprobó en 2012, resulta una herramienta útil para las investigaciones de la PGR y los ministerios públicos.

Los ministros José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero y Sergio Valls mantuvieron su voto en contra del proyecto, mientras que Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Fernando Franco, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Saldivar y Juan Silva Meza votaron a favor.

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