El Gobierno analiza agua en Sonora tras derrame de GMéxico
Desde este jueves y hasta el 15 de octubre se realizarán pruebas a los pozos de agua en Sonora para determinar la calidad del líquido y resolver si es viable o no su reapertura de manera definitiva, conforme a la Norma Oficial Mexicana en la materia.
La estrategia para reabrir paulatinamente 19 de los 29 pozos cerrados de manera preventiva fue presentada por las comisiones Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y Nacional del Agua (Conagua).
Los pozos cerrados suministran agua a 95% de la población afectada por el derrame tóxico al río Sonora .
La Comisión Sonora evaluó el impacto a la salud por dicho derrame, en el marco del Comité de Seguridad de Salud que sesiona de manera permanente en Hermosillo, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).
En la reunión, a través de la Cofepris y el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), la Secretaría de Salud informó que a la fecha se han identificado 19 casos de intoxicación aguda en seis municipios rurales aledaños al Río Sonora.
En la mayoría de esos casos, las afecciones ocurrieron por contacto con el agua contaminada por la minera de Grupo México, lo que les ocasionó cuadros de conjuntivitis, dermatitis y males gastrointestinales.
El titular de la Cofepris, Mikel Arriola Peñalosa, destacó que las labores de saneamiento básico son permanentes en los municipios afectados: Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora, y Ures, y se mantendrá la vigilancia epidemiológica de las personas con algún padecimiento.
Enfatizó que se ha obligado a la minera Buenavista del Cobre a controlar de manera estricta sus emisiones de contaminantes y a financiar los costos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Permanente, así como realizar un estudio para medir el impacto a la salud de los pobladores en el corto, mediano y largo plazo.
Grupo México fue obligado el pasado 11 de septiembre a crear un fideicomiso por 2,000 millones de pesos para la reparación de los daños por el derrame tóxico ocurrido el 6 de agosto en el Río Bacanuchi, en Sonora, con lo que mantuvo el permiso de operación.
La minera también enfrenta dos demandas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) , una por el daño ambiental, y cuya multa podría llegar a 40 millones de pesos, mientras que la segunda es de tipo penal y podría provocar sanciones de hasta nueve años de prisión y 3,000 días de salario mínimo.
