5 mitos sobre los inmigrantes en Estados Unidos

Muchos estadounidenses rechazan a los migrantes por pensar que absorben recursos y quitan empleos; sin embargo, todas estas ideas son incorrectas, según varios estudios sobre economía y trabajo.
Maria Santana
NUEVA YORK -

El presidente estadounidense Barack Obama está tomando medidas ejecutivas para proteger a millones de inmigrantes indocumentados de la deportación.
Su plan ha sido difícil de vender al pueblo estadounidense, especialmente ahora con el Congreso controlado por los republicanos. Sin embargo, varios expertos están de acuerdo en que algunos de los argumentos en contra de la inmigración están basados en información errónea.
Estos son cinco mitos sobre los inmigrantes indocumentados, y por qué son incorrectos.

Mito #1: No pagan impuestos

Los inmigrantes indocumentados ya son contribuyentes estadounidenses.
En conjunto, pagaron un estimado de 10,600 millones de dólares en impuestos estatales y locales en el 2010, según el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), una organización de investigación que trabaja temas de política tributaria. Las contribuciones varían según el estado. En Montana aportaron 2 millones de dólares. En California, más de 2,200 millones de dólares. En promedio, pagan alrededor de 6.4% de sus ingresos en impuestos estatales y locales, indicó ITEP.
Un reporte de 2007 de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) sobre el impacto de los inmigrantes indocumentados en los presupuestos de los gobiernos locales y estatales citó cifras del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) que muestran que entre el 50% y 75% de los alrededor de 11 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos ya presentan declaraciones y pagan impuestos sobre la renta cada año.
Un análisis de la CBO de 2013 del fallido proyecto de ley bipartidista presentado por la llamada “banda de los 8” -el cual habría creado un camino hacia la legalización de muchos inmigrantes indocumentados-, descubrió que el aumento de la inmigración legal aumentaría el gasto público en materia de créditos fiscales reembolsables, Medicaid y subsidios de seguros médicos, entre otros beneficios federales. Pero también crearía aún más ingresos fiscales en concepto de impuestos sobre la renta y de nómina. Esto podría reducir el déficit en 175,000 millones de dólares en los primeros 10 años y en al menos 700,000 millones de dólares en la segunda década.
El ITEP estima que permitir a ciertos inmigrantes permanecer en el país y trabajar legalmente aumentaría las contribuciones de impuestos estatales y locales en 2,000 millones de dólares al año.

Mito # 2: No pagan Seguro Social

La verdad es que los inmigrantes indocumentados contribuyen más en impuestos sobre la nómina de lo que consumirían jamás en beneficios públicos.
Toma como ejemplo la Seguridad Social. De acuerdo con la Social Security Administration (SSA), los inmigrantes no autorizados -aquellos no elegibles para recibir beneficios de Seguro Social- han pagado una sorprendente cantidad de 100,000 millones de dólares al fondo a lo largo de la última década.
“Ellos están pagando un estimado de 15,000 millones de dólares al año en Seguridad Social sin ninguna intención de tomar beneficios”, dijo a CNNMoney Stephen Goss, actuario en jefe de la SSA. “Sin los aproximadamente 3.1 millones de inmigrantes indocumentados que pagan al sistema, la Seguridad Social habría entrado en un déficit persistente de ingresos fiscales para cubrir los pagos desde 2009”, dijo.
A medida que la generación del baby boom envejece y se jubila, los trabajadores inmigrantes son claves para apuntalar la Seguridad Social y contrarrestar los efectos del declive de los trabajadores nacidos en Estados Unidos que cotizan en el sistema, dijo Goss.
Sin inmigrantes, la Social Security Board of Trustees prevé que el sistema no será capaz de pagar todos los beneficios prometidos en 2037.

Mito # 3: Drenan el sistema

Los inmigrantes indocumentados no califican para recibir asistencia social, cupones de alimentos, Medicaid ni la mayoría de los otros beneficios públicos. La mayoría de estos programas requieren una prueba de estatus migratorio legal y, en virtud de la ley de asistencia social de 1996, incluso los inmigrantes legales no pueden recibir estos beneficios hasta que no hayan estado en Estados Unidos durante más de cinco años.
Los adultos y niños inmigrantes que no son ciudadanos tienen alrededor de 25% menos probabilidades de ser inscritos en Medicaid que sus contrapartes nativos de escasos recursos y también tienen 37% menos probabilidades de recibir cupones de alimentos, según un estudio de 2013 realizado por el Cato Institute.
Los hijos ciudadanos de inmigrantes ilegales -a menudo llamados despectivamente como “bebés ancla”- sí califican para recibir beneficios sociales. Además, los inmigrantes indocumentados son elegibles para recibir educación y atención médica de emergencia. En la actualidad, el hogar promedio de un inmigrante ilegal cuesta a los contribuyentes 14,387 dólares por hogar, según un reciente informe de la Heritage Foundation. Sin embargo, en su informe de 2013 Mitos y realidades de inmigración, la Cámara de Comercio de Estados Unidos dice que la mayoría de los economistas ven la prestación de estos beneficios como una inversión para el futuro, cuando estos niños se conviertan en trabajadores y contribuyentes.
Un informe de la CBO sobre la Ley de Reforma Migratoria Integral de 2007 llegó a la conclusión de que un camino a la legalización para los inmigrantes aumentaría los ingresos federales en 48,000 millones de dólares. Dicho plan generaría un aumento de costos por 23,000 millones por la utilización de los servicios públicos, pero en última instancia, se produciría un excedente de 25,000 millones de dólares para las arcas del gobierno, dijo la CBO.

Mito # 4: Toman empleos de estadounidenses

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La economía estadounidense necesita trabajadores inmigrantes. La creencia de que quitan puestos de trabajo, que de otra manera podrían ser llenados por estadounidenses que trabajan duro, ha sido disputada por un número abrumador de estudios y datos de investigación económica.
Eliminar a aproximadamente 8 millones de trabajadores no autorizados en Estados Unidos no crearía automáticamente 8 millones de puestos de trabajo para los estadounidenses desempleados, dijo Daniel Griswold, director del Center for Trade Policy Studies del Cato Institute, en su testimonio de 2011 ante el Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes sobre las Políticas y Control de Inmigración.
La razón, según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, es doble. Por un lado, eliminar a millones de trabajadores indocumentados de la economía también eliminaría millones de empresarios, consumidores y contribuyentes. La economía de hecho perdería puestos de trabajo. En segundo lugar, los trabajadores nacidos en el país y los trabajadores inmigrantes tienden a poseer diferentes habilidades que a menudo se complementan entre sí.
Según Griswold, los inmigrantes, independientemente de su estado, llenan la brecha creciente entre la expansión de puestos de trabajo poco cualificados y el grupo cada vez menor de estadounidenses nacidos en el país que están dispuestos a tomar estos puestos de trabajo. Al facilitar el crecimiento de sectores como la venta minorista, la agricultura, jardinería, y los restaurantes y hoteles, los inmigrantes poco calificados han permitido a esos sectores ampliar, atraer inversiones y crear empleos de clase media en gestión, diseño, ingeniería, contabilidad, mercadotecnia y otras áreas que emplean a ciudadanos estadounidenses.
Los sindicatos estadounidenses apoyan la acción ejecutiva del presidente. “Durante demasiado tiempo, nuestro sistema inservible de inmigración ha permitido a los empleadores reducir los salarios y las condiciones de trabajo en nuestro país”, dice la AFL-CIO en su sitio web. “La peor parte del impacto ha sido sufrido por los trabajadores inmigrantes, que se enfrentan a mayores tasas de apropiación indebida de salarios, acoso sexual, y muerte y lesiones en el trabajo”.

Mito # 5: Es sólo cuestión de seguir la ley

Muchos estadounidenses quieren que los inmigrantes entren al país legalmente.
Sin embargo, bajo las leyes actuales de inmigración, hay muy pocas opciones para la inmigración legal, los costos son cada vez más prohibitivos y la espera para recibir cualquier tipo de estatus migratorio puede ser larga y frustrante.
De acuerdo con el Departamento de Estado, esa “línea de la inmigración” imaginaria es ya de 4.4 millones de personas de largo y, dependiendo del tipo de visa solicitada y el país de origen, la espera puede ser desde años hasta décadas. En algunos países, como Filipinas y México, la gente ha estado esperando más de 20 años por la aprobación de una visa patrocinada por la familia.
Los inmigrantes pueden permanecer legalmente a Estados al ser patrocinados por un empleador o un miembro de la familia, pueden entrar en el país en calidad de refugiados, o podrían recibir uno de los visados profesionales o de diversidad distribuidos selectivamente. El Programa de Visas de Diversidad emite 55,000 tarjetas verdes disponibles para personas de países con bajas tasas de inmigración a Estados Unidos.
De acuerdo con el Departamento de Estado, las tarifas para la obtención de visas permanentes de Estados Unidos pueden variar desde 200 dólares a más de 700 dólares, sin incluir los gastos legales. Además, hay cuotas de visado que limitan la inmigración de un país determinado.
En muchos países pobres, aquejados por la violencia, o en los casos en que los padres están separados de sus hijos, los inmigrantes dicen que la espera es insoportable, ocasionando que muchos recurran al cruce ilegal de fronteras.
Ese viaje puede ser costoso y mortal. Los contrabandistas cobran entre 3000 y más de 70,000 dólares dependiendo del país de origen, el modo de transporte y la distancia recorrida, de acuerdo con el Mexican Migration Project, un esfuerzo de investigación multidisciplinario entre investigadores en México y Estados Unidos.
Muchos no lo logran. De acuerdo con los registros federales, más de 6,000 inmigrantes han muerto cruzando la frontera sur desde 1998.

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