Diputados repartirán 10,000 mdp, pero con reglas antimoche
La Cámara de Diputados creó una 'bolsa' de 10,000 millones de pesos a través del cual los legisladores podrán repartir recursos para proyectos en estados, municipios y delegaciones del Distrito Federal, pero incluyó reglas para evitar asignaciones discrecionales como los casos que desataron el escándalo de los llamados “moches”.
El Legislativo incluyó en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por un total de 9,948 millones 655,991 pesos.
Los recursos serán destinados a “pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios urbanos para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social”.
El dictamen establece que la Secretaría de Hacienda deberá emitir a más tardar el último día hábil de enero las disposiciones para la aplicación de este fondo, aunque adelanta que se deberán presentar expedientes técnicos y, para aquéllos de más de 50 millones de pesos, análisis de costo-beneficio. El documento también mandata la inclusión de mecanismos de transparencia y auditoría.
Las autoridades beneficiadas deben reportar anualmente las evaluaciones que realicen al programa.
Los montos presupuestados a cada estado y municipio que recibirá recursos de este fondo están desglosados en el Anexo 20.2 del PEF 2016.
El Programa forma parte del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas —cuyo objetivo es atender las obligaciones del gobierno federal cuyos recursos no corresponden al gasto directo de dependencias y entidades— que diputados de oposición y organizaciones especializadas en transparencia presupuestaria han señalado como opacas y carentes de indicadores de resultados.
Este Ramo ha sido relacionado con los “moches”, comisiones que —acusaron funcionarios municipales desde 2013— exigían diputados federales para etiquetar presupuesto a determinadas obras públicas.
