¿La lucha de México y EU contra el tráfico de armas flaquea?
Los esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos a México tambalearon en los últimos años, debido a una menor cooperación entre los funcionarios de ambos países, según un informe de una agencia de supervisión federal estadounidense.
El borrador de reporte de la Oficina de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), terminado tras el último arresto del capo del narcotráfico mexicano Joaquín el Chapo Guzmán, también criticó a las agencias de seguridad estadounidenses por no garantizar un trabajo conjunto eficaz para combatir el contrabando de armas por parte de los inescrupulosos cárteles de la droga mexicanos.
El pulso entre las autoridades estadounidenses y mexicanas sobre el líder del Cártel de Sinaloa centró la atención en el asunto de la cooperación. México, que se negó a extraditarlo a Estados Unidos cuando fue arrestado en 2014, comenzó formalmente el proceso de extradición contra Guzmán tras su última captura.
"Los esfuerzos para frenar el tráfico de armas de fuego entre Estados Unidos y México se redujeron después de que el gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, replanteó la cooperación bilateral en materia de seguridad", dijo el informe, citando a funcionarios de ambos países.
Peña Nieto redujo la cooperación con las autoridades estadounidenses tras llegar al cargo a fines de 2012. Los lazos entre los cuerpos de seguridad de Estados Unidos y México, por largo tiempo debilitados por la desconfianza mutua, mejoraron con su predecesor, Felipe Calderón.
A su llegada al cargo, Peña Nieto se quejó del tamaño de la implicación estadounidense en la guerra de Calderón contra las bandas de narcos y su equipo limitó el acceso de los cuerpos de seguridad de Estados Unidos.
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La corrupción, un tema preocupante
El reporte dijo que la colaboración entre los dos países mejoró el año pasado, pero se mencionó preocupación por la corrupción de autoridades mexicanas. En 2015, Peña Nieto sustituyó al titular de la Procuraduría General de Justicia, Jesús Murillo Karam, por Arely Gómez, funcionaria más abierta a trabajar de la mano con el gobierno estadounidense.
De las 105,000 armas incautadas por las autoridades mexicanas y sometidas a seguimiento entre 2009 y 2014, 70% llegó desde Estados Unidos, según datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) citados en el estudio.
Otro 17% estaba relacionado con otros países, pero no pudo ser verificada la procedencia de 13%, posiblemente porque las tiendas de armas que cerraron en Estados Unidos no entregaron sus registros.
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No obstante, solo dos tercios de las armas incautadas fueron sometidas a rastreo, según datos mexicanos incluidos en el informe. Como resultado, "no es posible generar datos para seguir la tendencia de las armas incautadas", señaló el reporte.
Los datos disponibles mostraron un descenso desde 2011 del número de armas confiscadas por las fuerzas de seguridad en México a las que podía atribuirse procedencia de Estados Unidos.
No obstante, GAO dijo que el Gobierno de Peña Nieto restringió el acceso al software eTrace de la ATF.
"Algunos funcionarios estadounidenses con sede en México (...) destacaron que el acceso limitado al eTrace en idioma español redujo el seguimiento del total de armas de fuego incautado por autoridades mexicanas", indicó el informe.
El documento afirmó también que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la ATF no lograron garantizar que sus agentes cooperen de forma eficaz en las investigaciones sobre tráfico de armas.
Legisladores y expertos mexicanos alegaron que la laxitud del control de armas en Estados Unidos es la principal explicación de la facilidad con que los traficantes compran y mueven las armas. También culparon a la corrupción entre los funcionarios de aduanas mexicanos.
