Inegi fija el valor del nuevo referente para multas
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fijó este jueves el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual reemplaza al salario mínimo como referencia para multas, reglamentos, créditos hipotecarios y otros.
El valor de la UMA será de 73.04 pesos mexicanos diarios, según el instituto.
“Con ello se rompe una de las principales ataduras que han impedido que el salario mínimo dé pleno cumplimiento a la disposición constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”, dijo por su parte la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
Dentro de los 120 días naturales siguientes, el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar en lo sucesivo el valor de la Unidad de Medida y Actualización.
En diciembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa para reformar los artículos 26 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la desindexación del salario mínimo, es decir, que el salario mínimo dejara de ser usado como referencia para dichos trámites.
La desindexación se oficializó al ser publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación y uno de sus principales objetivos era actualizar el saldo de los créditos otorgados a los trabajadores para la adquisición de vivienda por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovisste) y de otras instituciones del Estado dedicados al otorgamiento de crédito para la vivienda.
El Congreso de la Unión, las Legislatura de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de dicho decreto.
