6 funcionarios inhabilitados 10 años por fuga del ‘Chapo’

La Secretaría de la Función Pública sanciona a los servidores públicos tras comprobarles sus faltas; la dependencia dice que alcanzaron la máxima penalidad en el ámbito administrativo.
Virgilio Andrade informó la lista de los funcionarios que serán penados. (Foto: Notimex )
virgilio andrade  Virgilio Andrade informó la lista de los funcionarios que serán penados. /  (Foto: Notimex, )
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CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

Los seis funcionarios implicados en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera el pasado 11 de julio del penal del Altiplano serán sancionados administrativamente, informó este martes el titular de la Secretaría de la Función Pública (FP), Virgilio Andrade.

El funcionario explicó que a la coordinadora general de Centros Federales de Readaptación Social, Celina Oseguera Parra, en aquel entonces, se le inhabilita por 10 años, por violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al Reglamento del Órgano Administrativo, Prevención y Readaptación Social y otros reglamentos, explicó la dependencia en un comunicado.

A Leonor García García, directora técnica y titular del área Jurídica del Penal el Altiplano, se le destituye y se le inhabilita por 10 años por no haber declarado el estado de alerta máxima de manera inmediata cuando se tuvieron conocimiento de los hechos.

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A Valentín Cárdenas Lerma, quien era el director general del penal, y a Roberto Cruz Bernal, supervisor penitenciario, se les inhabilita por 10 años, porque omitieron establecer la coordinación con las Fuerzas de Seguridad en el tiempo que lo debió de haber realizado; además de omitir activar a tiempo el código rojo que le correspondía para esos casos, dijo Andrade en conferencia de prensa.

“A Esteban Estrada Ramírez, oficial en prevención de la Penitenciaría y a Juan Ignacio Cuarenta Orozco, supervisor penitenciario, adscritos al Altiplano, se les destituye del cargo y se les inhabilita por 10 años por no atender las llamadas que se efectuaron desde el Centro de Monitoreo y por no activar la voz de código rojo ni dar la alerta general”, dice el comunicado.

Es así como la secretaría procedió a sancionar a los seis servidores públicos a los que, señala, se les han comprobado sus faltas.

Las sanciones máximas tienen que ver con destitución del cargo e inhabilitación para participar en el gobierno durante determinado número de años, teniendo 10 años como la máxima penalidad en el ámbito administrativo.

 

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