Pensiones: una bomba de tiempo

Andrea comenzó a trabajar en una empresa privada hace nueve años. Desde entonces cotiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) bajo el régimen de cuentas individuales, en el que cada trabajador acumula recursos para financiar su pensión, que a su vez maneja la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) de su preferencia. A sus 32 años, la diseñadora gráfica tiene en su cuenta 165,000 pesos.

“Por lo que he leído y veo en el estado de cuenta de mi Afore, creo que cuando me jubile tendré una pensión relativamente baja”, dice. “Por eso, contraté hace dos años un fondo de inversión con una aseguradora que, automáticamente, descuenta una cantidad mensual de mi cuenta bancaria, pero, por mis gastos y mi sueldo no sé si podré seguir con esto”.

Ella, al igual que los demás trabajadores afiliados al imss bajo la ley de 1997, recibirá 26% de sus últimos ingresos al momento de jubilarse.

El caso de Andrea es opuesto al de  un empleado de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ahí, si el trabajador ingresó a la empresa antes de 2015 y cumple con 30 años de antigüedad o trabaja hasta los 60 años, tendrá una pensión del 100% de su último sueldo.

Las autoridades mexicanas y especialistas en el tema de pensiones dicen que, de no hacer cambios en el sistema, los recursos que recibirán los trabajadores con cuentas individuales será insuficiente para vivir con todas las necesidades cubiertas durante su vejez. Además, el peso de las pensiones de los trabajadores del Estado en las finanzas públicas seguirá creciendo, lo que las convertirá en una carga cada vez más grande.

Ante este panorama, la Secretaría de Hacienda y legisladores trabajan en una agenda para diseñar y aprobar —de ser posible, durante 2016— una nueva reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó en 2015 su reporte ‘El sistema de pensiones de México’, en el que sugiere una serie de adecuaciones ante el cambio demográfico del país.

Entre sus propuestas destacan: elevar las contribuciones obligatorias para la pensión; la implementación de un sistema de prorrata para la generación de transición del sistema antiguo al de cuentas individuales; homogeneizar el sistema de ahorro para el retiro que hasta ahora está fragmentado; reducir las comisiones de las Afores y flexibilizar su régimen de inversión para que puedan colocar dinero en activos extranjeros, entre otros.

“Lo que hicimos fue analizar, después del muy ejemplar progreso que tenía México en materia de la creación de ahorro para el retiro de las Afores, dónde estamos hoy, cómo estamos, cómo se ven las cosas desde el punto de vista de los números”, explica José Ángel Gurría, secretario general de la ocde.

“Ahora, quizá el principal problema es que hay un número relativamente bajo de trabajadores que tiene derecho a una pensión, porque además de los problemas de contribución, hay uno de informalidad en México que alcanza casi al 60% de la fuerza laboral”, agrega.

Esto significa que, de no reformar el sistema de pensiones y aumentar la formalización de los trabajadores, una gran parte de los mexicanos vivirá en la pobreza durante su vejez.

“Los estudios actuariales y la información que tenemos indican que, muy probablemente, México no logre brincar este sexenio con viabilidad económica por el sistema de pensiones”, explica Fernando Mayans, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado.

El legislador aclara que no coincide con las propuestas de la ocde y señala que no sólo es necesario elevar las contribuciones de los trabajadores o aumentar la edad de retiro, pues hay otros problemas, como la informalidad o el bajo salario mínimo, que contribuyen a empeorar la situación en la que podrían vivir los futuros pensionados.

“Con el salario de miseria que tiene un trabajador, nadie puede pensar que puede ahorrar voluntaria o involuntariamente para su fondo de retiro, cuando las necesidades diarias no las cumple” explica.

Perder lo ganado

En 1997, con la entrada en vigor de la reforma al sar con la que se crearon las Afores, México dejó de funcionar bajo el esquema de Beneficio Definido (BD) —en el cual la población joven financia, vía impuestos, gran parte de las pensiones—. A partir de ese año, el país opera con el sistema de Contribuciones Definidas (CD), es decir, de ahorro individual para aliviar la presión que las pensiones generan sobre las finanzas públicas.

Sin embargo, al permitir que los trabajadores de transición (tanto los del sector privado que cotizaban antes de 1997, como los trabajadores del sector público antes de su reforma en 2007) eligieran retirarse con beneficios de la fórmula BD o la acumulación de CD, el ajuste fiscal se ha pospuesto. Esto quiere decir que, actualmente, todavía hay trabajadores que reciben el 100% de su último salario.

Un ejemplo de un esquema BD es el de Pemex, en el que los trabajadores no aportan para su pensión y reciben el 100% de su último sueldo. A partir de una serie de reformas negociadas entre la petrolera y su sindicato en 2015, sólo los nuevos trabajadores cotizarán bajo el sistema de cuentas individuales.

Con el fin de homologar los beneficios de la población pensionada, la OCDE propone un esquema de prorrateo para la generación de transición, es decir, hacer borrón y cuenta nueva para que todos coticen bajo las mismas condiciones.

Ésta es una de las propuestas más controvertidas, ya que implica eliminar los derechos de aquellos trabajadores que se jubilaron antes de 1997.

“Proponemos que se establezca un sistema de prorrata para que la gente que tenga derecho a elegir su pensión en el sistema antiguo conserve sus derechos adquiridos hasta el día de hoy”, explica Pablo Antolin, economista principal y jefe del equipo sobre pensiones privadas de la ocde. “Pero, a partir de mañana, se calculen con base en el sistema de cuentas individuales, que refleja perfectamente el beneficio con respecto a lo que ha contribuido”.

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Carlos Ramírez, reconoce que la propuesta no está exenta de controversia, pero debe evaluarse, ya que los esquemas de BD son financieramente inviables.

“Esta propuesta sería muy problemática en términos de carácter político,” señala Alejandro Villagómez, especialista en sistemas de pensiones.

“Prácticamente, la mitad en el sistema pertenece a esta generación de transición, la ley les da este derecho. No es sencillo”, dice Óscar Vela, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda.

En su estudio, la OCDE señala que los cambios demográficos y los planes de BD que no han sido reformados pueden conducir a una presión fiscal que requerirá un esfuerzo financiero importante en la década de 2030.

Esto se debe a que el sistema está fragmentado. Varios gobiernos estatales, locales o universidades públicas tienen sus propias condiciones de retiro y ofrecen una pensión mínima relativamente elevada en comparación con las contribuciones.

“La proporción de trabajadores activos a pensionados compensa la falta de fondeo por ahora”, dice Roxana Muñoz, analista de Moody’s. “En el momento en que esta composición demográfica cambie, veremos un riesgo financiero”.

Al cierre de 2014, los recursos públicos destinados al pago de pensiones y jubilaciones para empleados del Estado sumaron 525,443.4 millones de pesos. Esta cifra representa 3% de pib, según cálculos de la Consar.

Hasta 2015, por cada ocho trabajadores había un jubilado, pero en 2030, por cada cinco trabajadores habrá un jubilado. En 2015, el número de personas de 60 años y más fue de 10.5 millones y para 2050 el número de adultos mayores aumentará a 32.4 millones, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población.

Vivir con poco

En su reporte, la OCDE destaca que México es uno de los países de la organización que ofrece la tasa de reemplazo más baja a sus trabajadores, es decir, la proporción de su último sueldo que recibirán como pensión.

Para alcanzar una pensión adecuada, por ejemplo, con alrededor de 50% del último salario, las aportaciones actuales son insuficientes.

La contribución de 6.5% que se destina a la Afore, en el escenario más optimista, derivará en una tasa de reemplazo de 26%, por lo que habría que aumentar la aportación a entre 13 y 15%.

“El nivel de contribuciones de México, comparado con los países de la ocde, es de los más bajos, por consiguiente, puede ser un problema”, dice Antolin. “Cuanto menor sea la tasa de contribución es difícil que se pueda alcanzar pensiones altas”.

Hasta ahora, el patrón contribuye con 5.150%, el gobierno, 0.225%, y el empleado, 1.125%. En países como Chile, el asalariado aporta 11.2%.

Antolin dice que lo recomendable es aumentar gradualmente la contribución obligatoria y puede ligarse a los aumentos salariales para que el empleado no vea una reducción en su ingreso.

Los principales afectados por una baja tasa de reemplazo son aquellos que ganan más de cuatro salarios mínimos, ya que los trabajadores con un sueldo menor reciben más subsidio del gobierno, lo que aumenta su aportación a entre 9 y 12%, explica Alejandro Turner, presidente de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores.

“El trabajador afiliado al imss aporta 1.23% frente a los del ISSSTE, que aportan tres veces más. Es importante hacer más aportaciones, pero buscando el origen más adecuado”, dice Turner.

Para algunos, como la diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Araceli Damián, el problema recae en el bajo crecimiento económico y los bajos salarios, lo que hacen inviable el actual modelo de ahorro para el retiro.

“Nadie le quita recursos al trabajador, podemos decir que no hay condiciones salariales, puede que sea un argumento válido. Pero entonces, ¿quién va a financiar las necesidades de una inmensa mayoría de mexicanos en el futuro?”, dice Carlos Ramírez, presidente de la Consar.

Aún se puede recudir el costo

El problema del actual sistema de pensiones se extiende también a las Afores. Comisiones altas y un régimen
de inversión restrictivo son los principales problemas de estas instituciones, asegura la OCDE. Los recursos de los trabajadores que administran las Afores sumaron 2.466 billones de pesos a noviembre de 2015, equivalente casi a 15% del PIB.

El estudio señala que, si bien las Afores han reducido sus comisiones de 1.81 a 1.11% de 2008 a 2015, todavía están entre las más altas del mundo. Entre los países de la OCDE, las comisiones van de un rango de 0.45% en Hungría hasta 2.59% en Turquía.

“En la medida en que las Afores sean más eficientes o que los modelos comerciales sean más eficaces podrán seguir bajando las comisiones. ¿Las comisiones son competitivas? Sí, pero pueden bajar más”, dice Carlos Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro.

Además, México es uno de los países de la OCDE con uno de los regímenes de inversión más estrictos para los administradores de fondos de pensión. Por ley, las Afores sólo pueden invertir 20% de los recursos que administran en acciones extranjeras, ya que tienen que privilegiar la inversión en el mercado de deuda y accionario mexicano.

Los rendimientos que obtienen las Afores se reflejan en los estados de cuenta de los trabajadores y, por lo tanto, en la pensión que obtendrán. Si las Afores ganan, los trabajadores también, y viceversa.

La inversión en acciones nacionales aumentó a 7.4% en 2014. La inversión en acciones extranjeras representó el 18.3%. Aun así, las Afores se concentran en activos de renta fija, con 75%.

“El sistema ha pagado buenos rendimientos a lo largo de los últimos 18 años, 6% en términos reales, sin embargo, en los próximos 18 años el panorama luce complejo para generar esa misma rentabilidad”, dice Ramírez.

La flexibilización tendría que hacerse de manera gradual y considerando el marco macroeconómico debido a la importancia de los recursos que están en juego, según Vela.

Hacia el futuro

Autoridades, legisladores y especialistas consultados coinciden en que el SAR requiere cambios urgentes para incrementar las pensiones y disminuir el riesgo para las finanzas del país, que actualmente ya enfrentan presiones por la caída en los precios del petróleo.

“(Si no se hacen cambios) Uno tendría a una clase trabajadora con niveles de pensiones muy bajos y, por lo tanto, con un nivel de vida que correría el riesgo de no tener los satisfactores mínimos”, advierte Gurría.

Para poder ofrecer otras propuestas —actualmente sólo existe la de la OCDE— Mayans dice que ya ha platicado con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray para que en Palacio Nacional se presente un grupo de expertos mexicanos que haga un diagnóstico y dé sus recomendaciones al sistema de pensiones. Para él, lo ideal sería un esquema de ahorro con una mayor intervención estatal.

“Si dejamos que pase el tiempo, los cambios van a ser más costosos, cada día que pase que no reformes, te cuesta más, cada día que pase, los cambios futuros se complican, tanto porque crece la población y se vuelve políticamente más complejo”, dice Ramírez.

Hasta noviembre de 2015, 58.5% de la población ocupada en México laboraba en la informalidad, es decir, sin seguridad social ni la posibilidad de tener una pensión.

Poco más de una cuarta parte de los adultos mayores están pensionados (26.1%), según datos del inegi y su Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social levantada en 2013.

“Tal vez hay que hacerse la pregunta de si es justo o no que algunos tengan una pensión más alta financiada con nuestros impuestos”, dice Andrea, la diseñadora, quien para tener derecho a su pensión deberá cotizar 1,152 semanas.

Ella piensa cambiarse a un trabajo donde le pagarán por honorarios. Ahí no tendrá aportaciones para su Afore, a menos de que ella lo haga voluntariamente.

Este artículo se publicó en el número 1183 de la Revista Expansión, disponible desde el 1 de febrero de 2016.

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