Corte obliga a PGR a abrir expediente del caso San Fernando
Familiares de inmigrantes encontrados en las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, podrán tener acceso a las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y obtener fotocopias del expediente.
Esto luego de que, por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a Bertila Parada y a Alma Yessenia Realegeño, cuyo hijo y hermano, respectivamente, fueron encontrados sin vida en fosas clandestinas en esa localidad.
Las mujeres presentaron un amparo para que se les reconociera como víctimas, lo que les permitirá tener acceso a la averiguación previa y obtener copia de esta.
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Carlos Alberto Osorio Parada y Manuel Antonio Realegeño abandonaron, cada quien por su lado, El Salvador, en marzo de 2011, para ir a Estados Unidos.
Pero fue hasta 2012 cuando Bertila, madre de Carlos Alberto, fue informada que su hijo había sido encontrado en dicha fosa y que debía firmar documentos para que se cremaran los restos; sin embargo, ella se negó.
Después, Bertila Parada recibió una carta en la que se le dijo que México nunca había informado de la cremación porque no tenía los restos.
Posteriormente, la mujer fue notificada de que los restos de su hijo finalmente habían sido identificados entre las fosas.
El ministro Jorge Pardo Rebolledo elaboró el proyecto para que se reconociera como víctimas a los familiares de los migrantes hallados en las fosas, y este miércoles se pidió al Ministro Arturo Zaldívar realizar una ampliación de éste para analizar los alcances en cada caso.
“Estoy de acuerdo con la concesión del amparo, sin embargo, discrepo de los efectos, desde mi punto de vista, se debe dar el efecto de la concesión tratándose de la ciudadana salvadoreña Bertila Parada de Osorio, de reconocerle plenamente su carácter de víctima y consecuentemente otorgarle el acceso a las constancias y demás información contenida en la averiguación previa e inclusive para que se le expidan las copias o simples que haya solicitado”, señaló Zaldívar.
Después de escuchar la decisión de los ministros, Bertila aseguró que los años de litigio han valido la pena por su hijo y por todos los migrantes asesinados.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización que acompaña a Bertila desde que su hijo desapareció, confió en que Zaldívar estudie el caso considerándolo una violación grave de derechos humanos y analice el contexto de violencia contra migrantes en Tamaulipas.
“Esperamos que el nuevo proyecto del ministro Zaldívar incorpore todo esto y que ojalé también deje ver lo que implica las deficiencias en los servicios periciales porque en el fondo si Bertila tuvo que esperar tantos años para recibir los restos de su hijo, es porque no había un orden y un verdadero profesionalismo”, enfatizó.
Este caso, dijo, podría sentar un precedente en el tema de migrantes desaparecidos.
Bertila llegó a México para conocer la resolución de la Corte, además que se reunió, al igual que otros familiares de migrantes asesinados, con autoridades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y con el Ombudsman, Raúl González Pérez.
La CEAV, dijo Delgadillo, propuso comenzar a elaborar un plan de reparación del daño a estos familiares.
