ICA admite que no tiene dinero para operar ni para pagar nóminas ni deudas
Los problemas financieros de ICA y su falta de liquidez han puesto a la constructora en una situación difícil para mantener sus negocios “en marcha”. La compañía no descarta acogerse a concurso mercantil.
En su reporte anual enviado con casi un mes de retraso a la Bolsa Mexicana de Valores y al regulador bursátil de Estados Unidos, la empresa que preside Bernardo Quintana afirma que no tiene liquidez suficiente para pagar sus obligaciones de deuda. La compañía agrega que, si la reestructura administrativa y financiera en la que está inmersa no tiene éxito, no podrá pagar el capital o los intereses de la deuda y ello afectará a sus operaciones.
Esto le puede impedir continuar con la construcción de proyectos, participar en licitaciones públicas e incluso pagar a sus empleados.
En el reporte, la constructora no especifica en qué situación se encuentran las negociaciones con sus acreedores, pero recalca que es un tema que no depende de ICA, por lo que incluso sus accionistas y tenedores deuda podrían incurrir en una pérdida “significativa”.
“Cualquier reestructuración depende de terceros sobre los que no tenemos control.”, señala el documento. Y añade: “Si no podemos hacerlo (llegar a acuerdos), nuestra liquidez será insuficiente y estaríamos forzados a iniciar los procedimientos judiciales de concurso mercantil en tribunales”.
Al cierre de 2015, ICA tenía cuentas por pagar a proveedores por 7,285 millones de pesos por concepto de pagos de materiales como cemento y maquinaria. La empresa destaca que si sus proveedores dejan de suministrar dichos materiales, sus proyectos “pueden verse gravemente retrasados o perjudicados”.
En el reporte, la compañía especifica que de continuar incumpliendo con los pagos de sus bonos en dólares, algunos de sus acreedores podrían iniciar procedimientos legales en contra de la compañía, incluido un proceso judicial de concurso mercantil en México, que implicaría cambios importantes en dichas obligaciones.
“Mientras dicho procedimiento judicial esté pendiente, nuestra capacidad de operar o administrar nuestro negocio, de retener empleados, mantener relaciones existentes o crear relaciones con clientes nuevos, continuar recolectando pagos por nuestros servicios o de obtener cualquier tipo de financiamiento o fondos, podría verse sustancialmente afectada de manera adversa”.
