Los empresarios, a disgusto con la 3 de 3

Fuera de propósito, inexplicable y desequilibrada. Son algunos de los calificativos que le dan los grupos empresariales a la resolución legislativa de incluir a personas físicas y empresas que tengan contratos con el gobierno dentro de la iniciativa ciudadana anticorrupción llamada 3 de 3.

Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), señaló que hay preocupación en su sector por la resolución que tomó el Senado de involucrar a los inversionistas privados en las responsabilidades que deben tener los funcionarios públicos.

“Es un hecho desequilibrado, puesto que el sector privado no accede al recurso público de la misma manera que lo hace el funcionario”, dijo. Agregó que las constructoras ya tienen obligaciones de garantía, calidad y ejecución, al firmar contratos con el gobierno con las leyes actuales. “Lo que es muy diferente a lo que se pretende que haga el funcionario en el ejercicio de su responsabilidad”.

Un grupo de organizaciones ciudadanas propuso que la iniciativa 3 de 3 se convierta en ley en todo el país, con lo que sería una obligación jurídica para los servidores públicos dar a conocer su declaración patrimonial, de intereses y fiscal.

En la madrugada de este viernes, y pese a la presión que ejercieron los empresarios, la Cámara de Diputados mantuvo la redacción que incluyeron los senadores, para obligar a cualquier persona física o moral a presentar una declaración patrimonial y de intereses cuando ejerzan recursos públicos o celebren contratos con entidades del gobierno federal, estatal y municipal.

“Es inexplicable que los que fueron expuestos por la sociedad como parte responsable de la corrupción voltearan la propuesta a la iniciativa privada”, señaló Refugio Muñoz, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), que agrupa empresas que tienen contratos de transporte con entidades de gobierno.

“El que nada debe, nada teme. Pero si los empresarios deben mostrar sus cuentas, también lo deben hacer todos los políticos”, dijo.

A través de un comunicado, el presidente de la Canaco Ciudad de México, Humberto Lozano, señaló que las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción aprobadas por los senadores permiten atravesar el umbral del combate efectivo de la corrupción, pero pidió que se debe ir a fondo sin pretender buscar “chivos expiatorios” y ocultar lo que a todas luces es un problema nacional.

“Lamentamos que, ante nuestra exigencia de claridad y transparencia en el sector público, se hayan hecho extensivos, sin el mayor cuidado técnico y bajo las mismas premisas, los requisitos para las empresas y todos los que laboran en ellas, sin medir siquiera el costo administrativo que esto implica y sin atender el hecho de que los recursos de los contratos públicos asignados a personas morales ya se fiscalizan en tiempo real por parte del Sistema de Administración Tributaria”, puntualizó.

No es igualitario que el empresario tenga que hacer una declaración similar a la de un funcionario de gobierno al licitar en una obra, agregó Arballo, de la CMIC.

México se encuentra en la posición 95 de 168 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional. La calificación que obtuvo fue de 35 sobre 100 puntos, en una escala donde 0 es una percepción de altos niveles de corrupción y 100 es percepción de bajos niveles de corrupción. Entre los miembros de la OCDE, México es el país más corrupto.

Manifestación

Ayer jueves, empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se manifestaron en las escalinatas del monumento al Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, para presionar a los diputados federales para que analicen y voten con responsabilidad esta legislación.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la asociación, cuestionó que los senadores votaran en favor de que los trabajadores y las empresas transparenten sus declaraciones cuando los legisladores no están dispuestos a hacer lo mismo.

“Insertar esta obligación no tiene ningún sentido en una ley que va dirigida a los servidores públicos. Es un despropósito. Solamente ellos tienen a su cargo la administración del erario público, no los empresarios, no los ciudadanos”, afirmó.

Para Arballo, de la CMIC, no quedó claro quien es el obligado a presentar esa declaración de transparencia, si el representante legal de la empresa, la misma empresa o el socio mayoritario. “Hay muchas lagunas que tenemos que analizar”.