El precio único de los libros es constitucional, determina la Corte

A cinco años de su aprobación la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es constitucional fijar un precio único al libro
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| Otra fuente: CNNMéxico

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este lunes que fijar un precio único de venta al público para los libros es constitucional al no infringir los derechos a la libertad de comercio, igualdad, seguridad jurídica, legalidad, libre concurrencia y competencia económica, según señaló en un comunicado.

"El precio único de venta de libro, lejos de perjudicar a los consumidores, los beneficia en la medida en que facilita el acceso equitativo al libro garantizando un mismo precio de venta al público en todo el territorio nacional, sin importar donde se adquiera", apunta la sentencia de la SCJN.

Los artículos 22, 24, 25, y 26 de la La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, aprobada en 2008 por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, se refieren al precio de venta único para el público y los cuales son constitucionales según la SCJN.

La decisión de la Corte niega el amparo interpuesto en 2009 por la librería Porrúa Hermanos y Compañía, S.A. de C.V. La editorial mexicana fundada a finales del siglo 19 acusó de inconstitucional la aprobación de esta ley al afectar directamente a las pequeñas librerías.

Miguel Ángel Porrúa, editor de la librería, dijo en entrevista con la revista Proceso en 2009 que la editorial propuso que en vez de un precio único de venta se estableciera un precio de salida "para que las editoriales traten a las pequeñas librerías con el mismo descuento y las mismas prerrogativas que a los grandotes".

Los detractores de la ley señalan a las grandes editoriales como las beneficiadas, entre las que destacan Planeta y Santillana.

En marzo pasado, el presidente del Cámara Nacional de la Industria Editorial, José Ignacio Echeverría, señaló que la no aplicación de la ley frena "el crecimiento de la industria editorial" al estancar las ventas. Indicó que el precio único ayudaría a un "mayor número de liberías, más oferta, más acercamiento público, mayor posibilidad de lectores", según un comunicado de la Caniem.

En 2006, durante el sexenio de Vicente Fox, la iniciativa de ley fue vetada después de que la Comisión Federal de Competencia la calificara como un retroceso que encarecería el precio de los libros, favoreciendo a la creación de monopolios.

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro queda en manos de los editores y los importadores fijar libremente el precio de venta al público, el cual los vendedores de libros al menudeo deben aplicar sin ninguna variación.

Solo los libros editados o importados con más de 18 meses atrás, así como antiguos, usados, descatalogados, agotados y artesanales, los que pueden tener precios inferiores al precio único.

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El precio único se excluye a las compras que para sus propios fines hagan el Estado, las bibliotecas que ofrezcan atención al público o préstamo y los establecimientos de enseñanza y de formación profesional o de investigación, según señala la ley.

En 2011, la SCJN se pronunció a favor del precio único al señalar que no propicia la creación de monopolios "porque no se otorga a favor de determinadas personas el aprovechamiento exclusivo de ese producto".

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