Peña quiere a la IP en todos los campos

El proyecto energético abarca tanto aguas profundas como aguas someras, explica el Gobierno; se buscará otorgar contratos competitivos a la iniciativa privada, aunque se descartan concesiones.
petroleo  (Foto: Getty)
CIUDAD DE MÉXICO (CNN) -

El Gobierno de México buscará abrir a inversionistas privados una amplia gama de yacimientos de petróleo y gas, que incluirían nuevos proyectos y campos maduros, y Petróleos Mexicanos (Pemex) podría asociarse con otros jugadores del sector en el segundo semestre del 2014, dijo el subsecretario de Energía, Enrique Ochoa. Pero estos planes sólo podrían concretarse si los legisladores dan su visto bueno a propuesta de reforma energética que el presidente Enrique Peña Nieto presentó la semana pasada, con el fin de atraer capitales privados a la industria nacional de los hidrocarburos, con contratos de ganancias compartidas.

Y aunque algunos funcionarios y legisladores han dicho que el proyecto estaba más bien enfocado en la explotación en aguas profundas y gas de esquisto (la petrolera estatal no ha sido capaz de aprovechar por la complejidad de las zonas y la enorme cantidad de recursos y tecnología que demandan) la visión desde el Gobierno abarca más áreas.

"El esquema que se está planteando no se va a limitar a un tipo de campos. El contrato de utilidades compartidas puede ser para todo tipo de campos, esté o no esté Pemex. No es una reforma que busque abrir solamente los campos nuevos", dijo a Reuters el subsecretario de Energía en una entrevista al final de la semana pasada.

La reforma del Gobierno daría a las empresas privadas la oportunidad de operar también en campos maduros y en aguas someras, donde Pemex tiene amplia experiencia, y además en otras áreas, lo que podría ayudar a elevar la estancada producción de hidrocarburos en el país.

México, uno de los principales productores de petróleo en el mundo, lucha para incrementar su producción de petróleo desde los actuales 2.5 millones de barriles por día (bpd), muy lejos de los 3.4 millones de bpd de un récord del 2004.

"Ronda cero", a finales de 2014

Peña Nieto ha lanzado un paquete de reformas clave, unas ya anunciadas y otras por venir, que asegura son imprescindibles para apuntalar a la segunda economía de América Latina y ponerla a crecer a tasas vigorosas, desde un magro promedio de alrededor del 2% anual en los últimos 12 años.

Su reforma requiere hacer cambios a dos artículos a la Constitución, el 27 y el 28 (referidos a los complicados temas de la propiedad de los hidrocarburos y los monopolios) que, según sus adversarios políticos, abren la puerta a la privatización de los yacimientos, las reservas y la industria, una versión que niega el Gobierno.

Se espera que el Congreso comience a debatir el futuro de la industria energética en septiembre, no sólo a partir de las propuestas del Gobierno sino de las otras fuerzas políticas como la del Partido Acción Nacional (PAN), que propuso un esquema de concesiones, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se opone de plano a reformar la Carta Magna.

El Gobierno aspira que si la reforma prospera, y también son aprobadas las leyes secundarias que la rijan, podría hacerse una llamada "ronda cero" en la segunda mitad del 2014, en la que Pemex tendría la oportunidad de decidir si sigue operando sola en los campos donde actúa o si después de esta fase podría ir asociada.

"En ronda cero Pemex puede elegir qué campos existentes quiere explotar en el futuro. Luego, en una segunda etapa, podrá solicitar al Gobierno que se celebren contratos de utilidades compartidas con empresas privadas", dijo Ochoa.

Contratos competitivos

El funcionario declaró que la definición y redacción de los contratos dependerá de cómo quede acordada la reforma finalmente, lo que determinará temas clave sobre cómo se repartirían los beneficios entre el Gobierno y los inversores privados dependiendo del tipo de campo, riesgo y otros factores.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que los contratos deberán ser redactados de acuerdo con normas internacionales para hacerlos competitivos, pero no asomó en qué rango podrían estar las utilidades a compartir ni el esquema tributario que los regiría.

Para Guajardo la reforma no puede ocurrir sin transformar los artículos constitucionales 27 y 28.

"Diluir la reforma en función de no tocar lo que es necesario, tocar de punto de vista de rasgos constitucionales, sería prácticamente no lograr el objetivo", dijo en una entrevista separada.

Los funcionarios no han querido comentar si el esquema de reparto de utilidades podría acercarse al modelo de Estados Unidos, que ronda un promedio del 50% en el Golfo de México, o del 70% para el Estado en el caso de Brasil en proyectos costa afuera.

El secretario de Hacienda de México, Luis Videgaray, dijo la semana pasada que una cifra "razonable" sería una inferior al 50%, pero insistió en que todo dependerá de cada contrato y sus especificaciones.

"Los contratos de utilidad compartida serán redactados para que las empresas privadas puedan obtener las mejores condiciones de financiamiento y la capitalización que requieran para realizar su actividad, según las mejores prácticas internacionales", expresó Ochoa.

El Gobierno descartó de plano ir hacia un esquema se concesiones porque sostiene que la propiedad de los hidrocarburos debe continuar en manos del Estado, y por tanto los inversores que participen no pueden contabilizar las reservas como propias.

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"Los contratos de utilidad compartida no te permiten registrar reservas, ni en México ni en ningún otra parte del mundo, pero sí permiten registrar el interés económico como una nota en la hoja de balance de los estados financieros", agregó Ochoa.

 

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