#LosPiratasDeBorge Segunda Parte: Playa de Carmen

Las historias de las víctimas del saqueo institucionalizado en Quintana Roo, operado desde el gobierno estatal.

Julieta Sánchez, el fraude que la dejó sin casa

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Julieta Sánchez Jarero es una comerciante que tiene una vivienda en Playa del Carmen, Quintana Roo. Como ella vivía en otra casa, decidió rentar el inmueble de Playa del Carmen, pero el inquilino no pagó la renta, cuenta Julieta, por lo que interpuso una demanda de desahucio.

Pasaron años para que procediera el recurso, y cuando al fin lo logró, se enteró de que su casa ya no estaba a su nombre, sino al de una empresa privada.

El recurso para quitarle la vivienda fue un juicio laboral. A Julieta la demandó un hombre que se supone que fue su empleado y que ella jura no conocer. Además, en una investigación que ha realizado por su propia cuenta ha documentado que la empresa que compró su casa de Playa del Carmen no tiene operaciones regulares en el estado, sino que es una empresa de papel que se alió con su exinquilino y con la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, para cometer un fraude en su contra.

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Despojo en el centro de Playa

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La mañana del 22 de agosto de 1994, Rafael Isidro de Jesús Manzanilla Cuevas, estampó su firma en un contrato de compraventa de un “terreno con casa de block y techo de concreto” ubicado en lo que 20 años más tarde, sería una zona privilegiada de Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad.

Por el terreno de 15 metros de frente por 30 de fondo, de la avenida principal esquina con Cuarenta Avenida Sur S/N, Rafael pagó 180,000 “nuevos pesos” a la señora Aura Moguel Mendoza, acto del cual dio fe el notario número 24 de Playa del Carmen, Víctor Manuel Santín Coral.

Isidro le dejó su casa a su hija Landy Manzanilla, quien estableció su hogar en el Caribe y poco a poco convirtió esa casa de blocks en “Ferreplaya Manzanilla”, un comercio que pronto prosperó por el propio crecimiento del nuevo destino turístico. El éxito los llevó abrir una sucursal.

Con el paso de los años, la ubicación de la ferretera se volvió privilegiada, la calle cambió de nombre y su domicilio quedó establecido en Avenida Juárez 92, en el centro de Playa del Carmen, justo en la calle que lleva al muelle donde salen los ferrys hacia Cozumel.

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Casi 20 años después, cuando Playa del Carmen tuvo un boom turístico y los precios de la tierra se habían elevado, una turba de policías llegaron a la ferretera para ejecutar una orden de desalojo mandatada por la juez Mercantil de Primera Instancia del municipio de Solidaridad, Nancy Guadalupe Chale Chan, resultado de un juicio mercantil del que Landy ni su padre formaron parte.

“Llegaron a decirme: tú ya no eres la dueña. Y me muestran que el inmueble está escriturado a nombre de otra persona”, recuerda Landy en entrevista, quien al investigar se dio cuenta que le arrebatan la propiedad por una deuda de la misma persona que le había vendido el terreno a su papá casi 20 años antes.

“La señora Aura Moguel, que tiene 80 años, pidió prestado 10 millones de pesos a su consuegro Carlos Manuel Lara Dominguez, y como no le pagó, él interpuso un juicio mercantil que la señora perdió, así que le pagaron con una propiedad, que resulta que era la mi negocio”, explica Landy, quien refiere que es sabido que la señora Moguel es vecina de la mamá del gobernador saliente, Roberto Borge.

Su abogado, Miguel Ángel Kim, asegura que la señora Landy y su papá son víctimas de un fraude, pues la forma en que la despojaron de su propiedad tiene muchas irregularidades.

La primera, es que el notario público 24 que realizó la escritura nunca la inscribió en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Quintana Roo, por lo tanto esa escritura no tenía validez y seguía a nombre de la señora Aura Moguel.

Lo anterior, luego de que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Quintana Roo es constitutivo de derechos, es decir, que tiene mayor validez la inscripción que una escritura.

“Es un terreno que está valuado en casi ocho millones de pesos y que se lo quitaron. Yo no sé si el Notario Público, por dolo o negligencia u omisión, no la quiso o no pudo inscribir la compra en el Registro Público, pero ella tiene todo los documentos que acrediten que pagó sus honorarios, sus impuestos”, detalla el abogado.

El juicio contra Moguel terminó con una deuda a favor del acreedor de 17 millones de pesos y solo embargaron la propiedad de Landy Manzanilla, a pesar de que la señora tiene otras propiedades, lo que sugiere que podrían haber embargado otras propiedades para llegar al tope de la sentencia.

Landy y su papá interpusieron una denuncia por fraude procesal, pero de acuerdo con el abogado todo ha sido un calvario.

“Hemos sufrido muchas trabas: pedimos la comparecencia de la señora Moguel y nos dijeron que no porque debido a su edad le podría dar un paro cardiaco, y en la Procuraduría del estado nunca nos hicieron caso. Esto es un fraude, y en él es cómplice el Ministerio Público porque nunca quiso investigar nuestra demanda”, expresa Landy.

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